Desde diciembre, la planta de Avellaneda está trabajando a un 40/50% de su productividad, la planta de San Lorenzo se detuvo totalmente por varios meses y a fines de julio volvieron a prender las máquinas por contratos de fasón (por pedido de un tercero, dueño de los insumos) para moler granos para grandes cerealeras.
Tras la derogación del DNU 522/2020 de intervención y expropiación de la empresa Vicentin, la Federación de Aceiteros ya se puso en alerta: «Ninguna solución es admisible si no se garantizan los puestos de trabajo y las condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores», advirtió.
Por su parte, el delegado gremial de Vicentin en Reconquista, Leandro Monzón declaró que «se generó una verdadera incertidumbre porque pensamos que las fuentes laborales iban a continuar.» y agregó «cuando el Ejecutivo Nacional dictó la intervención creímos que era lo único que nos salvaba la fuente laboral y ahora no sabemos qué va a pasar».
Esta declaración respalda la postura del comunicado que publicó hoy la FTCIODyARA donde afirman que «no es cierto que la intervención estatal -como afirma el texto del nuevo DNU- fuera recibida con «desconfianza» por los trabajadores».
El temor de los trabajadores radica en que el PEN les suelte la mano y los deje a la vera del capital privado: «Si el Gobierno se abre, no sé qué va a pasar. Espero que no se extranjerice porque sería otro problema más» para la región y advirtió que «todas las pruebas apuntan al vaciamiento, es evidente».
Desde la Federación reclamaron «una profunda y exhaustiva investigación ante lo que se verifica cada día más como una monumental estafa y defraudación a la banca pública» y a su vez cuestionaron «el accionar de un juez que sólo demostró celeridad para desplazar una intervención que empezaba a investigar los papeles que aún se encontraban en la sede empresaria y devolverle el control al directorio.»