En medio de una total incertidumbre, los trabajadores de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) que acaba de ser desmantelada por la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) bonaerense, marcharon a la cartera que dirige Gabriel Sánchez Zinny para exigir la continuidad de los 364 puestos de trabajo del área.
En las últimas horas de 2017, el Gobierno de Cambiemos disolvió la UEP, dejando sin contrato a 116 trabajadores y proponiendo la reubicación del resto de los 248 empleados, que por estas horas se encuentran ingresando en grupos de veinte junto a abogados para revisar las nuevas condiciones de contratación.
Los trabajadores que no serán recontratados y fueron notificados el viernes vía mail, confirmaron indignados que las autoridades bonaerenses les asignaron líneas telefónicas para comunicarse -las cuales en la mañana de ayer se encontraban colapsadas- y fijar una entrevista en el Ministerio de Trabajo, durante la cual serían informados de un supuesto resarcimiento.
Desde Educación aún no hay declaraciones oficiales sobre el criterio que fue utilizado para «seleccionar» a aquellos trabajadores que ya no son parte de la planta de empleados de esa cartera.
Hasta el momento, sólo argumentaron que la UEP se disolvió luego de que «se detectara la superposición de tareas y funciones en distintas áreas» y «con el objetivo de optimizar el funcionamiento del Estado».
«Cabe aclarar que los trabajadores mantenían una relación con el área mediante contratos anuales que vencieron el 31 de diciembre de 2017. La mayoría de ellos serán reubicados y se les asignarán nuevas tareas dentro del Ministerio de Educación bonaerense», cita el único comunicado oficial que publicó la cartera.
Mientras tanto, en el edificio de 8 entre 46 y 47 -donde hasta el pasado viernes funcionaba el área clave en el diseño de las políticas educativas provinciales-, otro grupo de empleados esperan que llegue la orden de desalojo, después de que decidieran comenzar el año custodiando sus lugares de trabajo.