El gremio de estatales ATE que conduce Rodolfo Aguiar presentó una medida cautelar para frenar la entrada en vigencia del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), prevista para el 1° de diciembre. Argumenta que el mecanismo desfinancia al SIPA, al PAMI y a las asignaciones familiares, y advierte que el costo para la Seguridad Social ascenderá a $4.296 billones en el primer año, equivalentes a 744.300 jubilaciones mínimas anuales.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) solicitó a la Justicia Federal una medida cautelar para suspender la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), ante su puesta en vigencia el 1° de diciembre. El objetivo es resguardar los derechos previsionales y de la seguridad social de millones de trabajadores activos, jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas aportantes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
El documento solicita que se suspenda la aplicación del artículo 76 de la Ley 27.802, del artículo 24 del Decreto 408/26 y del Decreto 1228/26, junto a otras resoluciones del ARCA. Esas normas reducen las contribuciones patronales y desfinancian al SIPA y a los regímenes del INSSJP, el Fondo Nacional de Empleo y las Asignaciones Familiares.
“Esto no es un Fondo de Asistencia Laboral, es un Fondo de Asistencia Empresarial financiado con la plata de los jubilados”, aseguró el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.
En este marco, detalló: “Con el FAL van a fundir, van a quebrar un sistema previsional que ya venía golpeado. Estamos frente a un desfinanciamiento de la ANSES sin precedentes, multimillonario. La Justicia debe intervenir con urgencia en favor de los intereses de uno de los sectores más afectados por el ajuste de Milei, que son los jubilados”.

“A los jubilados ya les quitaron casi todo. Cobran la mínima, les sacaron los medicamentos del PAMI y ahora les quitan la plata para financiar los despidos de las empresas”, agregó Aguiar
“Los despidos los deberían pagar los bancos, las petroleras y las cerealeras, que han tenido ganancias siderales con el Gobierno de Milei”, concluyó el Secretario General de ATE Nacional.
La presentación pide la suspensión de los dos artículos que obligan a financiarlo con recursos de la Seguridad Social y que las patronales deben buscar otra forma de reunir esos fondos, pero que no pueden tomarlos del sistema previsional.
Según ATE, una parte del dinero que hoy financia las jubilaciones pasaría a cuentas que manejan las empresas a través de bancos y fondos de inversión. Para el gremio, ese dinero es en realidad parte del salario de los trabajadores, y debería seguir destinado a la seguridad social.
Además, el sindicato argumenta que, según las estimaciones del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la implementación del FAL significa un costo para la Seguridad Social de $4.296 billones tan solo en el primer año, equivalente a 744.300 jubilaciones mínimas anuales.
Cabe destacar que el impacto se produce en un contexto de pérdida de empleo e informalidad: en marzo de 2026, de 13.471.636 trabajadores ocupados, solo el 45,2% aportó al sistema previsional.
ATE sostiene que las normas cuestionadas contradicen el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza el carácter integral e irrenunciable de la seguridad social. También señala que vulneran el Convenio 102 de la OIT (Parte V, Vejez; Ley 27.284), que según el gremio tiene jerarquía superior a las leyes y decretos cuestionados y obliga al Estado a garantizar jubilaciones dignas con financiamiento sostenible.




