El Gobierno porteño ratificó que no pagará las indemnizaciones a recolectores para la próxima licitación y sancionó a las empresas por la marcha de Camioneros

El Gobierno porteño confirmó que no incluirá el pago de las indemnizaciones de recolectores en los nuevos pliegos de licitación, que regirán entre 2028 y 2038. Además, penalizará a las concesionarias que no cumplieron sus recorridos durante la movilización que Camioneros realizó a la Comuna 1. Pablo Moyano había advertido: «A la indemnización la vamos a defender con nuestra vida».

La tensión entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Sindicato de Camioneros escaló un nuevo nivel esta semana. Fuentes del gobierno porteño ratificaron que Jorge Macri no incluirá las indemnizaciones en los nuevos pliegos del servicio de recolección de residuos, que se aprobarán en tres o cuatro semanas y se adjudicarán entre este mes y febrero de 2027, aunque comenzarán a regir en septiembre de 2028. La decisión, anticipada durante la audiencia pública virtual del 5 de octubre, representa un rechazo frontal al reclamo del gremio, que exige el pago de unos 200 millones de dólares en indemnizaciones para los aproximadamente 6.500 trabajadores del sector.

La postura del gobierno porteño se sostiene sobre un argumento central: las indemnizaciones constituyen, según fuentes oficiales, «un privilegio sin base legal alguna frente a los derechos del resto de los trabajadores». La exigencia sindical responde a la denominada «Ley Moyano», un acuerdo reiterado por el cual Camioneros logró desde 1998 que cada vez que una empresa gana una concesión o cambia de accionistas, despida al personal, lo indemnice y lo vuelva a contratar. Para el Gobierno, ese mecanismo carece de basamento jurídico y solo se sostiene por «el poder de fuego del sindicato». La negativa fue anticipada al secretario Gremial de Camioneros, Marcelo Aparicio, un dirigente de confianza de los Moyano.

La reacción del gremio no se hizo esperar. La semana pasada, Pablo Moyano encabezó una movilización de trabajadores de recolección ante la sede de la Comuna 1, en Humberto Primo al 200, donde advirtió: «Vamos a hacer la cantidad de marchas, asambleas y paros que tengamos que hacer, pero a la indemnización la vamos a defender con nuestra vida». El dirigente ya había anticipado que si el nuevo pliego no contempla el pago de las indemnizaciones habrá «paros generales» y «asambleas» en el sector.

En paralelo, el Gobierno porteño tomó una decisión que podría acelerar el enfrentamiento: penalizará a las empresas de recolección que no hayan cumplido con sus recorridos previstos el día de la movilización de Camioneros a la Comuna 1. Aunque la administración de Macri no tiene atribuciones para sancionar directamente al personal que no trabajó para asistir a la marcha, la multa a las concesionarias les otorga indirectamente esa potestad, basándose en el criterio de que «a los que no trabajan se les descuenta».

El conflicto expone una contradicción en la normativa vigente. El pliego licitatorio actual, dentro del Régimen de Personal Operativo, incluye el ítem «Indemnizaciones Finales», que establece que al terminar el contrato el adjudicatario calculará las indemnizaciones del personal y, una vez auditadas, el Gobierno de la Ciudad abonará dichos montos a la empresa para que esta indemnice a los trabajadores. Sin embargo, el artículo 19 de la Ley N° 4120, que fija el marco regulatorio del servicio de higiene urbana, exige simultáneamente garantizar la continuidad laboral de toda la plantilla.

El gobierno porteño aclaró que sí pagará las indemnizaciones correspondientes al actual contrato, cuya prórroga vence en 2028, porque figuran en una ley aprobada por la Legislatura porteña. La disputa, en cambio, se centra en el próximo período, que regirá entre 2028 y 2038.