Por primera vez en 40 años, los trabajadores viales de Entre Ríos paran contra el vaciamiento de Vialidad Provincial y movilizan a la Legislatura

El gremio Soever que representa a los trabajadores viales de Entre Ríos, convocó a una huelga general de 24 horas con movilización a la Legislatura, en rechazo al proyecto de Ley de Consorcios Camineros y a un conjunto de medidas que denuncian como un «proceso de vaciamiento» del organismo estatal.

En una decisión histórica, el Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (Soever) resolvió convocar a un paro general de actividades por 24 horas a partir de las 6 de este martes 1° de septiembre. La medida de fuerza, que incluirá una movilización frente a la Honorable Legislatura provincial, constituye la primera huelga general de la organización en cuatro décadas.

La determinación, adoptada por la comisión directiva central, responde a la inminencia del tratamiento legislativo del proyecto de Ley de Consorcios Camineros, que este mismo martes se encamina a su aprobación definitiva en el Senado entrerriano. Pero desde el gremio advierten que la medida no es un hecho aislado: denuncian una «suma de decisiones que ponen en riesgo el presente y el futuro de Vialidad Provincial».

Entre los motivos del paro, Soever enumera el proyecto de Consorcios Camineros, la modificación de la Ley Provincial Nº 6.351 de Obras Públicas, el avance de la tercerización de proyectos y tareas técnicas mediante consultoras, el cierre o debilitamiento de estructuras zonales y las modificaciones que afectan el régimen previsional de los trabajadores viales.

«Estamos frente a un proceso de vaciamiento de Vialidad Provincial. No se trata solamente de una ley. Se trata de una serie de decisiones que, tomadas en su conjunto, pueden reducir la capacidad del Estado para planificar, proyectar, ejecutar, conservar, mantener y controlar su propia red vial», expresaron desde el sindicato.

El gremio remarcó que Vialidad Provincial es un organismo público esencial y estratégico para Entre Ríos, cuya función «sostiene la producción, la integración territorial, la seguridad vial y el derecho de las comunidades entrerrianas a contar con caminos transitables». «La existencia de una Vialidad fuerte no es solo una cuestión laboral. Es una necesidad para toda la provincia», enfatizaron.

El principal foco de conflicto es el proyecto de Consorcios Camineros, que promueve la creación de entidades de bien público sin fines de lucro para la conservación y mantenimiento de la red vial terciaria. Para Soever, su implementación «puede abrir la puerta a la transferencia, fragmentación o tercerización de tareas que actualmente forman parte de las funciones propias de Vialidad Provincial».

«No estamos en contra de mejorar la conservación de los caminos. Estamos en contra de que, con la excusa de mejorar los caminos, se sustituya, fragmente o vacíe a Vialidad. La respuesta no puede ser debilitar el organismo estatal especializado. La respuesta tiene que ser fortalecerlo», afirmaron.

El sindicato también cuestiona la modificación de la Ley de Obras Públicas y el avance de consultoras externas en proyectos técnicos, advirtiendo que transferir esas funciones implica «perder conocimiento, experiencia y capacidad profesional acumulada dentro de la repartición».

La medida de fuerza incluye la concentración en la sede del Sindicato y la movilización frente a la Legislatura, para expresar públicamente el rechazo al proyecto y a toda iniciativa que implique debilitamiento o vaciamiento del organismo.

«Esta medida es en defensa de los trabajadores viales, de sus derechos laborales y previsionales, de la fuente de trabajo y, fundamentalmente, de la existencia de Vialidad Provincial como organismo público. No queremos una Vialidad reducida a controlar lo que hacen otros. Queremos una Vialidad pública, fuerte, profesionalizada, con trabajadores, maquinaria propia, zonales fortalecidas y capacidad real para ejecutar», concluyeron desde Soever.

El paro se produce en un contexto de fuerte conflicto gremial en la provincia, donde también la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación denunció despidos y «vaciamiento» en la empresa Granja Tres Arroyos, que afecta a más de 6.700 trabajadores en plantas de Entre Ríos y Buenos Aires.