La expansión del régimen simplificado, la caída del empleo registrado y la informalidad profundizan el desequilibrio del sistema previsional, que ya depende de transferencias del Tesoro Nacional. Actualmente se necesitan casi 34 monotributistas para financiar una jubilación promedio, mientras que con trabajadores asalariados registrados bastan 3,5.
El crecimiento del monotributo como modalidad de inserción laboral está cambiando la forma en que se financia el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Si bien el régimen permitió incorporar a millones de trabajadores a una cierta formalidad, el bajo nivel de sus aportes, sumado a la elevada informalidad y al envejecimiento de la población, profundiza las tensiones sobre el financiamiento de las jubilaciones.
Actualmente se necesitan casi 34 monotributistas para financiar una jubilación promedio, mientras que con trabajadores asalariados registrados bastan 3,5. Para una jubilación mínima con bono, la diferencia también es marcada: se requieren 2,4 asalariados frente a casi 23 monotributistas.
La brecha se explica por la diferencia en los montos aportados. En marzo de 2026, el aporte previsional promedio de un asalariado registrado alcanzó los $187.098 mensuales, mientras que el de un monotributista rondó apenas los $19.215. Esta diferencia se debe a que más de la mitad de los monotributistas que aportan al SIPA se encuentran inscriptos en la categoría A, y casi dos tercios se concentran entre las categorías A y B, los escalones de menor facturación y, por ende, los que realizan los menores aportes previsionales.

Mientras el empleo formal asalariado se encuentra en baja, con una pérdida de 329.667 puestos de trabajo desde noviembre de 2023, el monotributo sumó 150.158 nuevos inscriptos en el mismo período . Además, el 44% de los ocupados trabaja en la informalidad, lo que representa más de 9 millones de personas que no realizan ningún tipo de aporte previsional.
El sistema enfrenta una doble presión: más de la mitad de los monotributistas están en las categorías más bajas y aportan apenas el 1,1% de su ingreso promedio, muy por debajo del 11,2% de un asalariado, mientras el envejecimiento demográfico acelera el aumento de beneficiarios. Actualmente, los ingresos por aportes no alcanzan para financiar el gasto previsional, y el SIPA registra un déficit cercano al 2% del PBI, que requiere transferencias del Tesoro Nacional. En los últimos tres años, el haber medio perdió un 13% de su poder adquisitivo y la mínima con bono cayó un 20%.




