La Secretaría de Trabajo ordenó levantar el «trabajo a reglamento» y las asambleas de Camioneros que durante más de 10 días afectaron la distribución de Coca-Cola, Quilmes y CCU. El gremio que encabezan los Moyano deberá normalizar el servicio mientras se negocia el reclamo por equiparación salarial.
Luego de más de diez jornadas de tensión y los primeros indicios de desabastecimiento en comercios de Capital Federal y el Gran Buenos Aires, el gobierno nacional intervino para frenar el avance del conflicto entre el Sindicato de Choferes de Camiones (SICHOCA), que lideran Hugo y Pablo Moyano, y las principales empresas proveedoras de bebidas del país: Coca-Cola, Quilmes y CCU.
A través de la Secretaría de Trabajo de la Nación, el Estado dictó la conciliación obligatoria para desactivar el «trabajo a reglamento» y las asambleas que el gremio había organizado. La resolución, que entró en vigencia de manera inmediata, impone una tregua obligatoria durante los próximos 15 días hábiles para avanzar con las negociaciones.

La disputa, que afecta a la rama de Aguas y Gaseosas, tiene como centro un reclamo de equiparación salarial y de beneficios. Pablo Moyano sostiene que existe una «ingeniería contable» por parte de las empresas para fragmentar los beneficios de los trabajadores.
El dirigente denuncia una disparidad «injustificada» entre los empleados directos de las plantas y depósitos centrales y aquellos que trabajan para empresas concesionarias o distribuidoras externas, a pesar de que todos realizan tareas de logística similares. Por eso, exige que el premio por asistencia y puntualidad se extienda a la totalidad de los choferes y ayudantes de reparto.
Moyano argumenta además que los adicionales convencionales han quedado desactualizados frente al costo de vida y que las empresas «ajustan sobre el bolsillo de los trabajadores» para mantener sus márgenes de ganancia.




