La Sociedad Rural Argentina se suma a la ofensiva judicial para blindar la reforma laboral

Los tironeos por la reforma laboral suman un nuevo actor de peso pesado que contiene a los grandes agroexportadores del país como es la Sociedad Rural. La entidad pidió intervenir como «tercero» en la causa judicial que impulsa la CGT para frenar la Ley de Modernización Laboral. Bajo el argumento de la «seguridad jurídica», defiende la constitucionalidad de una mega norma que flexibiliza, y hasta elimina, derechos laborales, afecta un fuero judicial completo, cambia las reglas previsionales, entre otras modificaciones, en medio de un debate sobre la competencia de fueros y cuestionamientos de imparcialidad.

Mientras la CGT pulsea en los tribunales para frenar la aplicación de la Ley de Modernización Laboral (Ley 27.802), la Sociedad Rural Argentina (SRA) salió al cruce con un pedido formal: intervenir como tercera en la causa para defender la constitucionalidad de la norma y pedir que no se suspenda su aplicación.

A través de un comunicado, la entidad sugirió que un freno a la reforma impactaría en los costos productivos y la generación de empleo y aprovechó para cuestionar la competencia de la Justicia del Trabajo para decidir sobre una ley sancionada, aunque se trate de una ley laboral.

En el texto, habla de «mejores herramientas para generar empleo» y «fortalecer la seguridad jurídica», donde la SRA intenta instalar la idea de que la reforma laboral no implica «menos derechos». Sin embargo, lo que la CGT señala es que la norma impulsa una profundización de la flexibilización laboral que ya llevó de hecho, en las últimas décadas, a una precarización creciente del trabajo, también en el sector agropecuario: contratos temporales, menores indemnizaciones y facilitación de despidos. Y además, la central advirtió que habrá, por el contrario, más litigiosidad porque la ley choca directamente con derechos amparados en la Constitución Nacional.

El argumento de la «previsibilidad jurídica» para generar puestos de trabajo que esgrime la Sociedad Rural va, además, contra todos los cuestionamientos que está enfrentando la nueva ley, tanto en sede judicial como en la opinión pública. Es que, pese a que permite al empresario pagar menores costos por despedir empleados, entre otros beneficios, al no haber repunte sostenido y generalizado de la actividad económica, lo que se multiplican los cierres y despidos.

En el cierre del comunicado, la Sociedad Rural afirmó “su compromiso con la defensa de la producción, el trabajo formal y el respeto por las instituciones”.