(Por Pablo Maradei) Lo descartó el juez laboral Raúl Horacio Ojeda quien había dado lugar a la cautelar que proponía impugnar, por parte de la CGT, 83 artículos. El corazón de la reforma libertaria sigue suspendido.
El capitulo judicial de la batalla por la constitucionalidad de la Reforma Laboral libertaria repica en distintos laberintos judiciales. A saber:
Por un lado, luego de que el juzgado laboral diera lugar a la cautelar presentada por la CGT pidiendo por la inconstitucionalidad de 83 artículos de la Reforma Laboral, el Gobierno presentó una inhibitoria para que la cautelar pasara al fuero Contencioso Administrativo.
Ante esta situación la juez Macarena Marra Giménez pidió el expediente al juez laboral Raúl Horacio Ojeda, pero este último rechazó ese pedido y en la resolución a la que tuvo acceso InfoGremiales Ojeda elevó el expediente para que resuelva la Cámara de Apelaciones del Trabajo para que entienda «en el conflicto positivo de competencia (Decreto 1285/58)».
Entre sus conclusiones para no aceptar el traslado del expediente, escribe Ojeda: «He descartado que la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal resulte competente tanto en razón de la persona (Cons. 6°) como een razón de la materia (Cons. 1°, 2°, 3° y 6°). Ya sea por no haber sido reformado el art. 21, inciso a) de la ley 18.345 (casos especiales de competencia) en el que basé mi competencia, o por la vía de entender que la reforma al art. 20 Ley 18.345 sólo impide traer a juicio al Estado Nacional en su rol de empleador, o por considerar que la mentada reforma no supera el test de Convencionalidad por apartar a los justiciables del fuero competente especializado en razón de la materia, he de ratificar la competencia de esta Justicia Nacional del Trabajo para entender en la presente».
Ahora será la Cámara la que deberá resolver la cuestión de competencia y definir si acepta las actuaciones de Ojeda o la inhibitoria. Se descarta que la disputa llegará, con el tiempo a la Corte Suprema de Justicia para que defina cuál es el fuero competente.
En paralelo, y para acelerar un proceso que es engorroso y largo, también se supo hoy que el Gobierno pidió un per saltum a la Corte Suprema de Justicia para que resuelva la apelación de la medida cautelar y, de esa forma, acelerar los plazos.




