El fiscal federal de Esquel consideró procedente la acción colectiva impulsada por ATE Comarca Andina y frenó la aplicación de varios artículos de la reciente ley. Asimismo, en su dictamen advirtió que la reforma laboral podría vulnerar derechos constitucionales, habilitando el avance judicial del reclamo.
Un dictamen del Ministerio Público Fiscal dio un respaldo clave al amparo presentado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Comarca Andina contra la Ley 27.802 de reforma laboral. El fiscal federal de Esquel, Santiago Roldán, consideró procedente la vía judicial elegida por el sindicato y reconoció la legitimidad del reclamo colectivo, en una causa que cuestiona la constitucionalidad de diversos artículos de la normativa impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional.
La acción fue promovida por la secretaria general de la seccional, Velia Soledad Ayail Herrera, con el acompañamiento del abogado Daniel Bauzá, en representación de trabajadores estatales y prestadores de servicios de la región. El dictamen especificó que “los artículos 1, 4, 10, 41, 42, 51, 55, 58 a 77, 89 y 137 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral vulneran las garantías laborales, sindicales y sociales consagradas en la Constitución Nacional, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Americana de Derechos Humanos”.


En su análisis, el fiscal sostuvo que “la competencia está justificada porque se cuestiona la validez de normas federales”, al tiempo que confirmó que el Juzgado Federal de Esquel es el ámbito adecuado para intervenir. Además, subrayó que la acción de amparo resulta válida en este caso, ya que, según cita, será admisible cuando exista una lesión o amenaza a derechos constitucionales “con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta”.
Uno de los puntos centrales del dictamen es el reconocimiento del carácter colectivo del reclamo. En ese sentido, Roldán remarcó que la presentación se enmarca en lo previsto por la Constitución Nacional y la jurisprudencia de la Corte Suprema, señalando que “la protección judicial efectiva no se reduce únicamente al amparo strictu sensu sino que es susceptible de extenderse a otro tipo de remedios procesales”. Asimismo, consideró que ATE se encuentra legitimada para accionar, al representar a un colectivo claramente identificado de trabajadores afectados.
Finalmente, el fiscal concluyó que “la presente acción colectiva puede transitar […] bajo las normas del procedimiento de amparo”, lo que implica que el planteo no solo no fue rechazado, sino que fue habilitado para su tratamiento judicial. Desde ATE Comarca Andina interpretaron el dictamen como un respaldo institucional a su estrategia legal y sindical, al considerar que reconoce la existencia de derechos en riesgo y la validez de la vía colectiva para su defensa.




