El Colegio Público de Abogados de Capital Federal promovió una acción colectiva de amparo. El fin es que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 10 y 56 de la Ley 27.802, en cuanto modifican los artículos 20 y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo
a presentación del Colegio Público de Abogados de Capital Federal se funda en la afectación directa de los artículos 10 y 56 de la Ley 27.802 que producen sobre el ejercicio de la abogacía laboral, «al introducir un régimen que compromete el derecho a trabajar, el derecho de propiedad y la igualdad ante la ley de los abogados y abogadas».
En particular, «se cuestiona la incorporación de un criterio objetivo para la configuración de la denominada pluspetición inexcusable, que habilita la imposición de costas al profesional por la mera sobreestimación de los créditos reclamados, sin consideración de su conducta».
Asimismo, se impugna la posibilidad de cancelar en cuotas sentencias laborales, incluyendo honorarios, lo que desconoce su naturaleza alimentaria y altera su exigibilidad.
«El Colegio sostiene que estas disposiciones afectan no solo a los profesionales, sino también al acceso a la justicia de trabajadores y trabajadoras», señalaron.
Y concluyeron que «en cumplimiento de su deber legal de resguardar el ejercicio de la profesión, se ha solicitado además el dictado de una medida cautelar que suspenda la aplicación de las normas impugnadas».
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