La Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón confirmó una huelga nacional para el 18 de diciembre a fin de garantizar la participación en la movilización convocada por la CGT contra la reforma laboral, defendió la legalidad de la medida y advirtió que responderá ante cualquier represalia patronal.
La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines (FTCIODyARA) anunció la convocatoria a una huelga nacional aceitera y desmotadora para el próximo 18 de diciembre, con el objetivo de garantizar la participación de los trabajadores y trabajadoras en la movilización convocada por la CGT en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.
Desde la federación explicaron que se trata de una medida de fuerza “en defensa propia”, frente a un proyecto que consideran regresivo y perjudicial para las condiciones de trabajo y de vida de la clase trabajadora. La huelga permitirá la presencia masiva del sector en la protesta contra una iniciativa que, según sostienen, atenta contra derechos laborales esenciales y favorece a una minoría empresarial.
La convocatoria sindical generó una rápida reacción de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), que expresó su rechazo a la medida al calificarla como una “huelga política” y advirtió que tomará “todas las medidas que establece la ley”. Desde el gremio respondieron con dureza a ese planteo y cuestionaron a qué marco legal hace referencia la cámara empresaria.
“No sabemos si se refieren a la ley vigente o al proyecto que redactaron sus asesores para empeorar las condiciones de trabajo”, señalaron desde la FTCIODyARA. En ese sentido, remarcaron que tanto la Constitución Nacional como la legislación actual garantizan el derecho de huelga y toda medida legítima de acción sindical, por lo que cualquier represalia patronal constituiría una violación a derechos constitucionales.
«El derecho de huelga, de protesta, de manifestación y de petición están garantizados por la Constitución Nacional y forman parte del Estado de Derecho. Las denominadas “huelgas políticas” se encuentran garantizadas por el bloque federal de derechos, incluyendo expresos pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (OC 27/21) y del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).», puntualizaron.

El comunicado reconoce explícitamente el carácter político de la huelga, aunque rechaza que ello la vuelva ilegítima. Por el contrario, el sindicato sostiene que se trata de una acción colectiva destinada a impedir la aprobación de una ley que perjudica a la mayoría de la población trabajadora y beneficia a un sector reducido que se apropia del fruto del trabajo ajeno.
«Es cierto, como ellos denuncian, que se trata una “huelga por razones políticas”. Es una medida de fuerza que tiene como objetivo garantizar una masiva movilización contra la aprobación de un proyecto de ley que atenta contra esenciales derechos laborales.», resumieron.
Finalmente, la conducción sindical ratificó la medida de fuerza y advirtió que responderá con unidad y conciencia de clase ante cualquier intento de represalia contra los trabajadores que ejerzan su derecho a huelga. “Es una huelga en defensa de la clase trabajadora y de nuestras organizaciones”, concluye el texto, en un llamado a fortalecer la movilización contra la reforma laboral.




