La ciudad rionegrina Allen sancionó una ordenanza que declara ilegales los servicios de transporte de pasajeros sin habilitación municipal. Habrá controles, secuestro de vehículos, multas y campañas de concientización.

El Concejo Deliberante convirtió a Allen en la primera ciudad de Río Negro en prohibir formalmente la operación de servicios de transporte de pasajeros no habilitados, incluyendo los que funcionan a través de aplicaciones móviles como Uber y Cabify, así como aquellos que se organizan por WhatsApp o llamados telefónicos.

La ordenanza, ya publicada en el Boletín Oficial, establece que todo servicio de transporte automotor que no esté regulado por ordenanzas vigentes y carezca de habilitación municipal será considerado ilegal.

El texto advierte que la prestación de servicios no habilitados constituye una violación a las normas de transporte público y representa un riesgo para la seguridad, ya que estos vehículos “carecen de controles técnicos, seguros específicos, licencias profesionales y evaluaciones médicas periódicas”.

Durante los próximos tres meses de prueba, la Dirección de Tránsito y Transporte de Allen comenzará los controles. En caso de detectar un vehículo en infracción, se aplicarán medidas como secuestro del vehículo, retención de la licencia de conducir, multas económicas, graduadas según gravedad y antecedentes, con un mínimo de 1.000 USAMS o inhabilitación para conducir de entre tres y doce meses.

Además, se habilitará una línea de denuncias y se pondrá en marcha un registro municipal de vehículos que operen fuera del marco legal.

Desde la agrupación local de taxistas celebraron la decisión y consideraron que la ordenanza representa un freno a la “competencia desleal” de los servicios informales. También destacaron que la medida protege a quienes cumplen con los requisitos legales y administrativos para prestar servicio.

“Los taxis tenemos controles técnicos, seguros específicos y licencias. No se puede competir en igualdad de condiciones con un sistema paralelo que no cumple nada de eso”, remarcaron.

La normativa también prevé campañas informativas para advertir a los vecinos sobre los riesgos de utilizar servicios no autorizados, tanto desde el punto de vista legal como en materia de seguridad.

Una vez concluido el período de prueba de tres meses, la ordenanza quedará plenamente vigente y podría incorporar ajustes para mejorar su aplicación.