
Una investigación periodística del portal LT9 explicaron la relación entre el grupo empresarial Vicentín y el trabajo esclavo en un campo del norte santafesino descubierto a principios de este mes en un operativo de ARCA y la RENATRE. Los allanamientos ordenados por la Justicia federal se hicieron en un predio rural de Pozo Borrado de más de 5 mil hectáreas que pertenece a La Isabelina S.A., encabezada por integrantes del grupo.
Un operativo conjunto de organismos provinciales y nacionales detectó a principios de septiembre graves irregularidades laborales y ambientales en un predio rural de Pozo Borrado, al norte de la provincia de Santa Fe. Allí se constató la presencia de más de 30 trabajadores, incluidos dos menores de edad, en condiciones de explotación laboral y sin acceso a servicios básicos.
El medio local LT9 expuso que el campo, de más de 5.300 hectáreas, pertenece a La Isabelina S.A., sociedad cuyos integrantes forman parte del Grupo Vicentín, la agroexportadora concursada desde 2019 e investigada por defraudación. Además de la denuncia por trata laboral, se descubrieron prácticas de desmonte ilegal en bosques nativos categoría 2, cuya explotación está prohibida por la Ley de Bosques.

El caso se inició el pasado 4 de septiembre, cuando la división Coordinación Contra el Trabajo Ilegal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) notificó a la fiscalía de Rafaela tras un procedimiento realizado junto al RENATRE. Allí se verificó que los trabajadores vivían en campamentos precarios, dormían en el piso sobre mantas o colchones, no tenían agua potable ni baños y trabajaban jornadas de hasta diez horas diarias, de lunes a lunes.
Durante los allanamientos, la Policía de Investigaciones (PDI) rescató a las víctimas y secuestró teléfonos celulares y cuadernos con anotaciones. También intervinieron la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe, la Municipalidad de Tostado, el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).
Según el Boletín Oficial del 22 de julio de 2025, La Isabelina S.A. está presidida por Federico Castellarin, con Tomás Nahuel Moschen Padoan como vicepresidente, y con la participación de Carina Leticia Galarza y Roberto Joaquín Vicentín como directores. La investigación judicial incluye además la citación a declarar de Dionisio Moschen, gerente del Complejo Avellaneda de Vicentín.
El diputado provincial Palo Oliver solicitó un informe oficial sobre la situación de los trabajadores y el estado de los campos, mientras crece la presión política y judicial en torno a la empresa.
Las más de 5.000 hectáreas donde se realizaron los operativos corresponden a bosques nativos protegidos. Pese a que la cartera de Medio Ambiente provincial había intimado a cesar los desmontes en agosto, las tareas ilegales continuaron hasta el momento del allanamiento.
El caso combina denuncias por explotación laboral, trata de personas y violaciones ambientales, y coloca nuevamente a Vicentín en el centro de un escándalo judicial y político que podría tener consecuencias a nivel provincial y nacional.