
En el Congreso Nacional Pyme de junio de 2025, el ministro de Economía Luis Caputo dejó en claro que la prioridad del Gobierno no estaba en otra área que no fuera la modificación de las leyes laborales. “La reforma laboral es la más importante de todas las reformas”, sostuvo en aquel encuentro, un mensaje que hoy cobra especial relevancia frente al intento oficial, aparentemente tardío, de acelerar su tratamiento parlamentario en busca de ganar gobernabilidad para después de las elecciones. Pese a la larga lista de los escándalos y obstáculos locales e internacionales, el oficialismo no resignó el 2027.
En junio de 2025, durante su exposición en el Congreso Nacional Pyme, un entonces aplomado ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, remarcó que la estructura actual de leyes laborales «está haciendo un daño indignante» al país y cuestionó que «desde 2007 no crece la cantidad de empleadores y desde 2011 no aumenta el empleo formal». «No podemos normalizar eso», enfatizó, atribuyendo la responsabilidad de esta situación a los derechos de los trabajadores.
El ministro apuntó directamente contra la oposición, a la que acusó de rechazar cualquier proyecto «que sea una mejora para el país» por intereses políticos. Caputo defendió también el rumbo económico del Gobierno, asegurando que el ajuste fiscal evitó una crisis de magnitud. «Lo que hemos hecho ha sorprendido al mundo entero. Por primera vez en más de un siglo tenemos orden fiscal y monetario por decisión política, no como respuesta a un colapso», había afirmado.
El diario del día después de la dura derrota electoral que sufrió el oficialismo en territorio bonaerense mostró aquel discurso triunfalista del ministro como divorciado de la realidad. Sin embargo, lejos de cambiar el rumbo, la Casa Rosada adelantó que acelerará en la misma dirección, aunque esta vez buscando apoyarse en los gobernadores. En esa línea, incorporó a Lisandro Catalán como ministro del Interior y giró a las provincias de Chaco, Entre Ríos, Santa Fe y Misiones $12.500 millones el viernes pasado, con la mira puesta en los vetos que se debatirán el miércoles en el Congreso.

En junio, Caputo ya había anticipado: “Necesitamos mayor respaldo en el Congreso. Hay que hacer una reforma laboral, una tributaria y, más adelante, una previsional. La base es la laboral”, subrayó, dejando clara la hoja de ruta del oficialismo.
Otra declaración llamativa de aquel discurso en el Congreso Pyme fue cuando aseguró: «Este sistema que nosotros proponemos es el mismo que les sirve a ustedes. Nosotros estamos para servirlos a ustedes». Sin embargo, los datos contradicen al ministro. Según un informe del CEPA, basado en estadísticas oficiales, entre noviembre de 2023 y mayo de 2025 el número de unidades productivas registradas cayó de 512.357 a 496.793, es decir, 15.564 empresas menos. El 99,7% correspondía a pymes de hasta 500 empleados, mientras que solo 49 casos fueron grandes firmas.
Con el calendario electoral legislativo encima, aquellas declaraciones que hace unos meses parecían marcar un horizonte estratégico se convirtieron en bandera de campaña. El oficialismo repitió hace unos días —esta vez en boca del vocero presidencial Manuel Adorni— que la reforma laboral es “fundamental” y busca imponerla como condición para la estabilidad y el crecimiento, en medio de fuertes resistencias políticas y sindicales. Si el experimento de seducir a los gobernadores días antes de una votación legislativa funcionara este miércoles, podría abrir una nueva etapa de «látigo y billetera» destinada a disciplinar a los mandatarios provinciales y atarlos, también, a la suerte del gobierno nacional.