
El proyecto impulsado por el diputado Gustavo Bordet busca un régimen especial para pymes de frontera, con exenciones de IVA y un consejo multisectorial. Reduciría asimetrías cambiarias e impulsaría la registración laboral.
En medio de un sostenido crecimiento del contrabando, en la Cámara de Diputados avanza un proyecto de ley que propone la creación de un régimen jurídico especial para pymes radicadas en zonas de frontera, con el objetivo de reducir las asimetrías tributarias y cambiarias con los países vecinos y fomentar la integración regional, tomando como referencia las «Lojas Francas de Frontera Terrestre» de Brasil.
Actualmente, hay una diferencia del 40% en productos y las empresas que abrieron sucursales en la zona de frontera por la disparada del consumo, luego tuvieron que cerrar por la posterior caída producto de la apreciación del dólar, según le dijo un funcionario clave de Misiones a Ámbito Financiero.
Esta iniciativa tiene como finalidad eliminar las desventajas de comercio que existen en las zonas fronterizas. El proyecto, presentado por el diputado entrerriano Gustavo Bordet, busca declarar de interés nacional el fomento y la protección de las Mipymes que operen en áreas limítrofes. El texto establece beneficios impositivos, la creación de un Consejo Nacional del Comercio Fronterizo y un marco regulatorio para incentivar nuevas inversiones.

El proyecto, que data de 2018, ya pasó por la Comisión de Pyme y fuentes parlamentarias destacaron que tuvo «buena aceptación». Ahora, tiene que pasar por Presupuesto y Hacienda, aunque se encuentra paralizada desde comienzo de año, ya que el diputado libertario José Luis Espert, que preside esta comisión, no convoca a tratar ninguna iniciativa de la oposición.
Si bien para esta iniciativa se tomó la Ley Federal Nº12.723/2012 de Brasil que contempla las «Lojas Francas de Frontera Terrestre», en este caso no sería una zona franca sino que se regiría mediante normas «cíclicas» que concedan beneficios como incentivos para así disminuir las asimetrías fiscales, cambiarias y comerciales existentes con los países vecinos.
«El impacto fiscal sería positivo, ya que resultaría creciente en las zonas fabriles y de distribuidores de la Argentina que generalmente están en la franja central del país, por la mayor demanda en fronteras», destacó Fabián Hryniewicz, director de la Comisión de Fronteras e Ilegalidad de CAME, en diálogo con Ámbito. Este impacto positivo se explicaría por el goteo, pero además «obligaría a empresas a regularizar la situación laboral de los trabajadores, ya que para acogerse a estos beneficios, el comercio debe cumplir con todos los resguardos legales».