Lanzan una campaña para derogar los decretos que permiten privatizar AYSA

Académicos, organizaciones sociales y especialistas impulsan una campaña nacional para derogar los decretos que permiten la privatización de AYSA y el corte del suministro por falta de pago. Denuncian una violación al derecho humano al agua y alertan sobre los riesgos de mercantilizar un servicio público esencial.

Organizaciones sociales, académicos, investigadores y especialistas en políticas públicas lanzaron una campaña nacional para exigir la derogación de los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 493/2025 y N° 494/2025, que habilitan la privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA) y permiten el corte de suministro por falta de pago. En un documento conjunto, manifestaron que estas medidas representan una violación al derecho humano al agua y una regresión en términos de justicia social y sanitaria.

El comunicado advierte que los decretos modifican la estructura regulatoria con el único fin de permitir el ingreso de capitales privados, consolidando así el camino hacia una privatización total de la empresa. AYSA ya había sido incluida en el listado de empresas estatales sujetas a privatización dentro de la Ley Bases. Para los firmantes, el agua «no puede tratarse como una mercancía» y debe garantizarse con criterios de acceso universal, equidad, asequibilidad, continuidad y calidad bajo gestión pública.

Uno de los puntos más cuestionados es la posibilidad de cortar el suministro de agua a quienes no puedan pagar, algo que los especialistas calificaron como «inconstitucional, inhumano e inaceptable». Recordaron que el acceso mínimo al agua potable debe garantizarse conforme a estándares internacionales jerarquizados en la Constitución.

Además, señalaron que los decretos fueron emitidos sin debate legislativo ni consulta ciudadana, lo cual vulnera la división de poderes y los principios de democracia participativa ambiental consagrados en el Acuerdo de Escazú.

El texto difundido también denunció el avance de una lógica de mercado en un servicio público esencial que, sostienen, debe regirse por el principio del interés común. En ese sentido, citaron como antecedente negativo la privatización de Aguas Argentinas, entonces Obras Sanitarias de la Nación, en los años 90, considerada la mayor del mundo en su rubro, que terminó en un proceso de reestatización tras años de incumplimientos, desinversiones y riesgo sanitario para la población.

La campaña se da en paralelo con la presentación de dos proyectos en el Senado por parte de Wado de Pedro (Unión por la Patria), que buscan frenar la privatización y declarar el acceso al agua como derecho humano garantizado por el Estado. «El agua es un recurso natural escaso y estratégico», afirmó el legislador, quien recibió el respaldo de varios senadores del bloque. Los proyectos presentados apuntan a blindar a AYSA frente al avance de capitales privados y restituir el debate parlamentario sobre un tema que afecta directamente a millones de argentinos.