La secretaria general del Sindicato de Feriantes, Mariana Berbeglia, denunció trabas para registrar trabajadores dentro del predio de La Salada, presiones contra la afiliación sindical y condiciones laborales precarias. Anuncian una presentación judicial y advierten sobre un posible estallido social si las autoridades no intervienen.
Mariana Berbeglia, secretaria general del Sindicato de Feriantes, expresó su profunda preocupación por la situación de los trabajadores que desempeñan tareas en el complejo de ferias de La Salada. En diálogo con Radio El Grito del Sur, denunció una serie de irregularidades y obstáculos que enfrenta el sindicato en su labor de formalización de los vendedores ambulantes.
«Muchas veces los feriantes nos llaman a nosotros pero tenemos que ir fuera del predio porque no los quieren dejar registrarlos», señaló Berbeglia, y apuntó contra la falta de cumplimiento de las disposiciones judiciales. Según explicó, el juez Luis Armela había designado a tres interventores —uno por cada feria— con la instrucción de remover a los antiguos administradores. «Pero parece que estuvieran muy cerca, no parece que se hubiesen ido», denunció.
Uno de los aspectos más alarmantes, según la dirigente sindical, es la presión que sufren los trabajadores para no afiliarse al sindicato. “No sé si llamarlo amenazas, pero no quieren que se afilien. Nosotros los estamos formalizando, incluyendo en el monotributo, protegiendo de alguna manera”, sostuvo. Berbeglia también criticó el estado de las instalaciones: «Basta de que les cobren el baño, basta de que llueva dentro de la feria cuando pagan expensas tremendas, pero parece que dentro de La Salada el derecho estuviera prohibido».
En este contexto, el sindicato prepara una presentación judicial con el objetivo de garantizar los derechos laborales de los feriantes. “Queremos incluir a todos los trabajadores. Yo quiero una Argentina donde la gente pueda trabajar en paz”, expresó.
Berbeglia subrayó que regularizar a los feriantes no implica un encarecimiento de los productos: “Lo que encarece es que porque estuvo cerrada un mes, esta gente te pase a cobrar de 2 millones un puesto de 2×2 a 3 millones. Aumentan a su antojo y la gente no lo tolera más”.
Por último, hizo un llamado urgente a las autoridades: “Le quiero decir al intendente, al gobernador y al presidente que se tienen que involucrar porque puede haber un estallido social”.
La situación de La Salada, que se replica en otras provincias, pone en evidencia la necesidad de políticas públicas que formalicen y protejan a quienes viven del trabajo informal en ferias y mercados populares.
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