La UOM atraviesa un fuerte conflicto con el Gobierno, tras la paralización de su plan de lucha y la falta de avances en la paritaria siderúrgica, congelada desde hace nueve meses. El gremio denuncia un techo salarial impuesto por el Ejecutivo y presiones para debilitar la negociación colectiva.
El conflicto entre la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y el Gobierno nacional se intensifica tras la decisión del Ejecutivo de dictar la conciliación obligatoria y suspender el paro nacional previsto por el gremio. La medida fue tomada a días de una huelga que iba a paralizar todos los sectores de la actividad metalúrgica, según lo resuelto por el Congreso Nacional de Delegados del sindicato.
La raíz del conflicto está en el estancamiento de las negociaciones paritarias, especialmente en el sector siderúrgico, cuya paritaria lleva nueve meses sin resolverse. Desde la UOM denuncian que la administración de Javier Milei impone un techo salarial en línea con las políticas de ajuste económico del ministro de Economía, Luis Caputo. El sindicato afirma que esta política impide actualizar salarios en función de la inflación y afecta directamente al poder adquisitivo de los trabajadores.
Actualmente, la organización sindical se encuentra en una “tregua forzada” de 15 días hábiles, en la que se realizan contactos informales con las empresas. Una nueva audiencia ha sido convocada para el próximo martes, pero en la conducción sindical predomina el pesimismo. El reciente acuerdo paritario a la baja en el sector Comercio ha sido interpretado como una señal clara del Gobierno para limitar la capacidad de negociación de los gremios.
Desde el secretariado nacional metalúrgico apuntan directamente a la Secretaría de Trabajo, conducida por Julio Cordero, exabogado del grupo Techint, por su supuesta afinidad con el sector empresarial. “Las patronales están al mando de la Secretaría de Trabajo”, afirman desde la UOM, denunciando una avanzada contra los convenios colectivos y una intención de “disciplinar al gremio”.
Para la UOM, esta presión oficial no es nueva. Sostienen que forma parte de una estrategia de largo plazo para debilitar a las organizaciones sindicales, limitar los derechos laborales conquistados y consolidar un modelo de relaciones laborales más flexible, sin paritarias libres ni convenios fuertes.
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