La disputa que amenaza el suministro de gas en al menos cuatro provincias subió de tono ayer con un nuevo desencuentro entre las empresas operadoras y los trabajadores del sector. El secretario del Sindicato de Petróleo y Gas Privado refrendó la medida de fuerza e instó a las compañías a que acerquen una propuesta salarial.
Los trabajadores del sector gasífero, representados por la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles, reclaman una suba del 32% y un nuevo convenio colectivo de trabajo
«Nosotros estamos de paro, pero la gente de supervisión que trabaja en las empresas no. Que ellos carguen los camiones y se encarguen de cubrir las demandas que hoy tiene la población», dijo David Castro, referente del gremio en Mendoza y hombre de confianza de Alberto Roberti, al mostrarse desafiante en una escalada de tensión en el conflicto con las compañías.
En declaraciones a MDZ Radio, Castro afirmó que el sector sindical puso su «mejor predisposición» para negociar con las empresas en los últimos tres meses de intensas discusiones, pero no obtuvo respuestas. «Esta (la de la huelga) es la única instancia que nos quedaba porque hemos agotado todo», se justificó.
La medida de fuerza ya se siente en distintas partes del país. Hay lugares que sufren desabastecimiento del servicio y también comienza a notarse la escasez de garrafas de GLP.
El paro tuvo su impacto más notable en Mendoza, en donde diez colegios tuvieron que suspender las clases por no poder calefaccionar las instalaciones. La Dirección General de Escuelas (DGE) advirtió este jueves que el suministro está próximo a agotarse en los 90 colegios que abastece YPF por lo que las clases de esas instituciones están en riesgo ante las bajas temperaturas que afectan a la provincia.
«¿Por qué no trabajan los supervisores? Nosotros no hemos hecho bloqueo. Estamos haciendo un justo reclamo. La ley nos ampara», desafió Castro.
Ante ese panorama, la Fiscalía de Estado de Mendoza adelantó que interpondrá una acción autosatisfactiva ante la Justicia para que ésta obligue a los trabajadores petroleros a garantizar la provisión de gas a los sectores vulnerables. «El ejercicio del derecho de huelga por parte de los trabajadores del sindicato de petróleo y gas no debe vulnerar derechos esenciales de niños, niñas y adolescentes, como son la alimentación, la salud y la educación», indicó Fernando Simón, titular de la fiscalía.
La intención es que los trabajadores garanticen la provisión de gas para todas las escuelas, hospitales y hogares de ancianos de la provincia. Buenos Aires, Chaco y Santa Fe son las otras provincias amenazadas por el paro.
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