La medida, realizada por el personal jerárquico de ferrocarriles nucleado en la Asociación de Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos (Apdfa), comenzó en horas de la madrugada y fue levantado súbitamente a las 8, aunque recién al mediodía se restableció totalmente el servicio de pasajeros y persistían las demoras en algunas líneas de carga.
«El objetivo de la medida de fuerza, que era visibilizar el conflicto y se ha cumplido», afirmó el secretario general de Apdfa, José Silva, al anunciar la finalización de la medida. La medida se llevó a cabo en demanda de la reincorproación de 15 despedidos y el reencuadramiento sindical de trabajadores del sector.
Ante las críticas recibidas, Silva se defendió recordando que “el paro no fue sorpresivo porque fue comunicado al Ministerio de Trabajo y lamentablemente no quisieron dictar la conciliación obligatoria.”
El Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, negó que se tratara de un paro. “Si hay un paro, los empleados ferroviarios no van a trabajar. Y el 97% de la gente fue a trabajar. Pero no los dejaban. Un grupo de gremialistas que se quedaron en el tiempo saltaron a las vías y cortaron los servicios. Eso es ilegal y haremos en lo inmediato la denuncia en la Justicia. Ese mecanismo ya no va más”.
A través de un comunicado de prensa, Dietrich afirmó que las medidas realizadas desde medianoche hasta esta mañana por la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos (Apdfa) y que dejaron sin trenes a más de un millón de pasajeros, «constituyen delitos y fueron denunciadas penalmente por Trenes Argentinos Operaciones ante los juzgados: Juzgado Federal 3 de Morón, Juzgado Federal 7 de la Capital Federal y el Juzgado y Fiscalía Federal de turno en Lomas de Zamora».
El propio Presidente Mauricio Macri se refirió al conflicto en términos similares. «Por un conflicto con un pequeño gremio de los trenes de carga se paró por varios horas el transporte de pasajeros y eso es no entender hacia dónde va la Argentina», dijo Macri al hablar durante un acto en Olivos, flanqueado por el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, y el gobernador cordobés, Juan Schiaretti.
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