Un comunicado del gremio liderado por Daniel Catalano en el distrito porteño aseveró que en enero último el gobierno nacional traspasó el Inai a la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con «la promesa de priorizar la política pública indígena».
«A diez meses y, luego de veintiocho despidos, los trabajadores continúan en situación precaria e inequitativa y afrontan la paralización general del organismo, lo que repercute de forma directa en los derechos de las comunidades indígenas», afirmó.
La organización sindical añadió que «la pérdida de derechos de los trabajadores significa idéntica situación para esos pueblos».
La ATE reclamó al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y al secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio Avruj, la adecuación de los contratos de los trabajadores del organismo, su equiparación salarial y el financiamiento y fortalecimiento de las estrategias públicas para esos pueblos y comunidades originarias nacionales.
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