jueves, agosto 11

Visitadores médicos denuncian que en la Ciudad se blanqueó la coima de los laboratorios

El secretario general de Aapm, Ricardo Peidro, también secretario nacional adjunto de la CTA Autónoma, explicó que la iniciativa aprobada fue elaborada por los legisladores porteños Graciela Ocaña, Diego García Vilas y Marcelo Depierro, y habilitó «las coimas y sobornos de laboratorios a profesionales médicos».

La organización sindical repudió la norma y afirmó que «es sorprendente y parece una broma», ya que su artículo primero determinó que «fabricantes, importadores y distribuidores de productos médicos, biológicos y farmacéuticos que otorguen incentivos económicos o susceptibles de valoración pecuniaria para incentivar de forma directa o indirecta al médico a adoptar decisiones de diagnóstico y/o terapéuticas deberán informar esos pagos al Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma» (Caba).

«El artículo dos aclaró cuáles serían esas prácticas (señaladas en la propia fundamentación del proyecto como ‘espurias’): Los pagos en efectivo, por honorarios profesionales, los destinados a solventar cualquier actividad de formación profesional, gastos de viajes, entrega de valores, pasajes, regalos, hospedajes, gastos de representación, comidas o cualquier otro bien susceptible de valoración económica», reseñó el dirigente gremial.

Peidro sostuvo que el sindicato denuncia esas prácticas empresarias desde hace años y que en su momento impulsó a nivel nacional leyes que regulan la promoción de medicamentos y prohíben taxativamente cualquiera de esas actividades, y subrayó que «uno de los mayores ataques al gremio y sus afiliados por parte de la industria farmacéutica se realiza por defender esas normas».

«Ahora la industria halló un atajo. Se desconoce si los legisladores saben lo que votaron, porque malcopiaron un artículo de la ley ‘Affordable Care Act’ (Cuidado de Salud Asequible), un programa de salud estadounidense conocido como ‘ObamaCare'», dijo.

El sindicato convocó a los profesionales de la salud y a sus organizaciones a repudiar y rechazar la nueva ley, ya que «pone bajo sospecha si responden más a los intereses económicos de sus posibles mandantes (los laboratorios) que a la salud de sus pacientes y del conjunto de la población», concluyó el dirigente.