jueves, septiembre 29

Tras la apelación de Arietto, revocaron la prisión domiciliaria de los dos dirigentes de Camioneros San Nicolás

La Cámara de Apelaciones de San Nicolás ratificó la prisión preventiva para los dos dirigentes de Camioneros en la seccional local acusados por presuntos bloqueos a una empresa Rey Distribución de San Pedro y revocó el beneficio de la prisión domiciliaria.

El 17 de mayo, el juez subrogante Román Parodi había dictado la prisión preventiva contra Maximiliano Cabaleyro, el secretario general de la seccional de Camioneros en San Nicolás, y a Fernando Espíndola por los delitos de turbación de la posesión -dos hechos-, coacción en grado de tentativa -dos hechos-, extorsión -dos hechos- y extorsión en grado de tentativa en concurso real que se están investigando.

Parodi, reemplazante de la jueza María Eugenia Maztegui que pidió licencia por estrés, les concedió la domiciliaria convencido, dadas las condiciones personales de los encausados, la ausencia de antecedentes penales y su situación procesal, «y el estado de la causa –prácticamente concluida-, es mi convencimiento que en el caso de autos, median razones que justifican la aplicación de un grado de coerción menos gravoso que la prisión en un establecimiento carcelario».

La abogada denunciante que aparece en cada causa contra el gremio que conducen los Moyano, Florencia Arietto, apeló el beneficio de la tobillera electrónica. Lo mismo hizo la fiscal del caso, María del Valle Viviani.

La Cámara de Apelaciones de San Nicolás, por su parte, consideró que no estaba justificado el beneficio. “Hacer lugar a los recursos de apelación y nulidad interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y el particular damnificado intervinientes y en consecuencia anular dejando sin efecto la parte pertinente de la resolución en crisis: concesión de medidas de atenuación de la coerción como arresto domiciliario a los prevenidos (punto 3)”, según consignó Infobae.

Por esta causa, la Justicia allanó hace un mes la sede central del sindicato de Camioneros. El Ministerio de Trabajo bonaerense acreditó la existencia de la deuda del empresario Rey con el sindicato que originó el reclamo, pero faltó la documentación que lo avalara. El allanamiento se realizó para rastrear ese comprobante que, según explicaron a InfoGremiales desde el sindicato de Camioneros, finalmente se encontró.

Cuando en mayo, Parodi les otorgó la prisión domiciliaria, el abogado Javier Moral explicó y amplió las consecuencias de esta resolución: «El Juez revocó la resolución actual de Cavaleyro y Espindola y se revirtió una situación injusta, porque los compañeros nunca debieron haber estado privado de sus hogares. En el marco de esta causa, habíamos denunciado escuchas ilegales y ahora se confirma con esta resolución. Se va a comenzar una investigación a la Jueza (de Garantías de San Nicolás María Eugenia Maiztegui) y la fiscal (María del Valle Vivianique intervinieron en la causa».