Sin acuerdo, La Litoraleña avanza en la cooperativa

Los 72 trabajadores autogestionados que comenzaron a producir el lunes pasado tras varios meses de conflicto con la firma rechazaron el pedido del fiscal Norberto Brotto que intimó a los «ocupantes del inmueble en cuestión de la calle Girardot 345, que procedan al desalojo voluntario», según reza la cédula de notificación judicial.

Luis Baini, uno de los delegados que estuvo presente ayer por la mañana en la audiencia que se llevó a cabo en la Unidad Fiscal Norte, ubicada en avenida Cabildo 3067, dijo a Télam que “sólo nos pidieron que nos vayamos de la fábrica y nosotros nos negamos, vamos a seguir trabajando porque tenemos que llevar comida a nuestras casas”.

En la mediación, estuvo presente Rodolfo Conti, dueño de la empresa, quien según el trabajador aseguró “que va a pagar los cinco sueldos que debe ni los aportes sociales”.

“Sólo nos dijo que nos tenemos que ir, porque es su fabrica, él quiere empezar a producir con gente nueva y así no pagar nada de lo que nos debe, por eso decidimos seguir produciendo como lo venimos haciendo desde el lunes porque ya no podemos sostener esta situación hace cinco meses que no tenemos ingresos”, comentó Baini.

“No nos vamos a ir, queremos lo que nos corresponde, queremos trabajar a pesar que nos traten como delincuentes y nos pongan a la policía, no lo somos, somos trabajadores que necesitamos llevar el pan a casa”, señaló.

Hace cinco meses el dueño de la fábrica ubicada en el barrio porteño de Chacarita “dejó de pagar los sueldos», de acuerdo a lo denunciado por los empleados.

«Cuando nos debía tres meses dejamos de trabajar y le dijimos que por lo menos nos pague un sueldo. Él respondió despidiendo a 29 compañeros”, explicó Pablo Díaz, uno de los delegados de los 72 trabajadores de la fábrica.

“Después del despido intentamos venir y trabajar por nuestra cuenta, autogestionados, y Conti fue a la Justicia y denunció que le usurpamos la fábrica. En un primer momento la Justicia falló en contra de la denuncia y dijo que era un problema gremial y no de usurpación, pero siguió haciendo denuncias hasta que encontró a este fiscal (Norberto) Brotto que ordenó poner una consigna policial en la puerta”, precisó.