En las últimas horas llevaron a la Justicia Federal una denuncia sobre Juan Correa, el titular de la Federación de Empleados de la Industria Azucarera (FEIA), por el supuesto delito de falsedad ideológica de instrumentos públicos, para acceder al cargo que ostenta.
Concretamente fue Rodolfo Reinoso quien expuso una supuesta conducta delictiva del actual titular de la FEIA, al denunciar que falsificó documentación para ser elegido primero, como representante obrero del ingenio Marapa y luego, Secretario General de la Federación.
«Yo me pongo a disposición, me pongo a derecho y presento toda la documentación laboral», expresó Correa como respuesta a la acusación. Además señaló que Reinoso «no es un dirigente gremial reconocido por la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, no está legitimado para efectuar ningún tipo de denuncia de ningún tipo de envergadura, en ningún organismo».
De fondo está la disputa por la obra social sindical de la Federación, la OSPIA, que hoy se encuentra intervenida en manos de José Antonio Leguizamón, hombre designado a dedo por el Ex Superintendente de Salud de la Nación Sandro Taricco.
Correa ya había lanzado su propia avanzada judicial en Comodoro Py contra Leguizamón en la que hablaba de presuntos «graves desvíos de fondos y más de 100 contrataciones de personal». En esa causa los implicados serían el propio Leguizamón, más Taricco y Reinoso.
Pero como novedad ahora acaba de difundir un audio en el que Leguizamón expresa que Reinoso recibe «diezmos» de la Obra Social y que efectúa desvió de fondos a través de prestadores para Silvia Elías de Perez, su esposo Luis Pérez, para el dirigente radical José Cano y para Ricardo Véliz
En el mismo audio de 53 minutos, que llegó a las manos de InfoGremiales y que en breve estará en sede judicial, Leguizamón sostiene que todos los gerentes de la Superintendencia de Salud lo «bancan» y menciona como parte del entramado de dirigentes que sostienen la intervención a los mismos personajes que habían sido investigados hace dos años por el fiscal federal Guillermo Marijuán. En aquella oportunidad Marijuán los seguía por el cobro de un 10% de sobornos en el cierre de un negocio en Seul a nombre del Estado Nacional, mandatados por Cano.
En el grupo de involucrados vuelve a aparecer el nombre de un reconocido sindicalistas tucumano de la Unión de Trabajadores del Instituto del PAMI de extracción radical, que ya estuvo vinculado al titular del Plan Belgrano en el negociado de Seúl sospechado de hacer transacciones con la compra y venta de medicamentos.