Los profesionales que trabajan en el Patronato de Liberados reclamaron ayer en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro por la falta de pago de sus salarios desde su pase a la órbita del Poder Judicial, situación por la que desde hace unos dos meses están de paro y no controlan a reclusos con beneficios como prisión domiciliaria.
Según afirmaron durante la protesta, el último salario fue cobrado en junio pasado y desde principios de agosto entraron en paro de actividades.
Se trata de 98 profesionales que siguen a unos 7500 reclusos con beneficios por orden de juzgados de ejecución penal, entre ellos detenidos por delitos de lesa humanidad.
La ley 27080 creó al Dirección de Control y Asistencia de la Ejecución Penal dependiente de la Cámara Federal de Casación Penal, pero según se informó aún no se asignó la partida presupuestaria para pagar los salarios.
«Somos los responsables de la supervisión y tratamiento de presonas con causas penales que gozan de distintos beneficios como libertades condicionales, asistidas, arrestos domiciliarios, supervisión de los detenidos por delitos de lesa humanidad, probation», entre otros, remarcaron en un comunicado.