Hace pocos días, el Ministerio de Producción y Trabajo emitió la certificación de autoridades y la intervenida Federación de Empleados de la Industria Azucarera (FEIA) volvió a manos de sus afiliados. Uno de los primeros pasos encarados por los dirgentes azucareros es recuperar el control de su obra social, todavía en manos de funcionarios de Cambiemos y cuyo patrimonio está en serio peligro.

Prueba de esto último fue la transacción conocida en las últimas horas a través de la cual el interventor, José Antonio Leguizamón, adquirió para la OSPIA un inmueble en territorio tucumano para la construcción de un nuevo edificio. Lo preocupante fue el precio pagado. Es que Leguizamón ya erogó 12 millones de pesos por un inmueble cuyo valor de mercado es de unos 20 millones.

Sin embargo, según pudieron saber los gremialistas del sector los vendedores acordaron recibir 22 millones de pesos por esa venta. Una diferencia millonaria que no se sabe cómo se acordó, ni en manos de quien quedará al final del camino.

La «gestión» de Leguizamón, además de dudosa comercialmente, por estas horas carece de legitimidad. Es que la FEIA ya le presentó al Superintendente de Servicios de Salud, Sebastián Neuspiller la designación de autoridades para que la institución vuelva a manos de sus verdaderos administradores.

Claro que ahora «el Dandy» Neuspiller deberá decidir si ratifica al cuestionado Leguizamon o refrenda lo decidido por el gremio. Y ahí se puede jugar buena parte de su futuro judicial.

Leguizamón y Sandro Taricco, Superintendente previo a la llegada del ex futbolista, ya acumulan en su paso por la OSPIA una denuncia penal. Es que los investigan por presunto «enriquecimiento ilícito, maniobras fraudulentas y asociación ilícita».

Según se pesquisa en terreno judcial, Taricco y Leguizamón mostraban juntos en Tucumán en una «ìntima relación» y se constató que «hay un sin números de donaciones, construcciones e instalaciones, eventos sociales, cuyos fondos son desconocidos y exceden de manera exorbitante el ‘sobresueldo’ que percibe el Sr. José Antonio Leguizamón».

Las gestiones de sindicatos por funcionarios del oficialismo en la era Cambiemos sigue en la mira. Según precisó el Ministerio de Producción y Trabajo, ante un pedido de acceso a información pública, 23 intervenciones se llevaron a cabo a distintos sindicatos desde el 10 de diciembre de 2015. Y casi todas terminaron en escándalos.

Eso es lo que ocurre en la Federación de Empleados de la Industria Azucarera (FEIA) y su obra social, que más allá de la normalización del gremio sigue en manos de funcionarios de Cambiemos cuya transparencia está en debate.

En diciembre de 2018, bajo el decreto 1106/18, Sandro Taricco, luego de poco más de un año en gestión, abandonó la titularidad de la Superintendencia de Servicios de Salud de la mano del ex ministro de trabajo, Jorge Triaca. Sin embargo su paso en la función pública sigue en tela de juicio.

Es que trascendió una denuncia en su contra por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. La causa inicia en marzo de este año y avanza contra el propio Taricco, José Antonio Leguizamón y otros, en carácter de partícipes, en lo que anticipa otro fin de intervención escandaloso y con ribetes en tribunales.

El denunciante es Deolino Alfredo Alderete, afiliado y Secretario de Actas de la FEIA y revisor de cuentas de la Obra Social del Personal de la Industria Azucarera (OSPIA). Según afirmó ante el juzgado criminal y correccional federal Nro. 5, gracias a ese puesto tuvo conocimiento de presuntas irregularidades de Taricco, cuando era titular de la Superintendencia. También apuntó a Leguizamón quien era interventor de la OSPIA y a otros denunciados en carácter de partícipes por «enriquecimiento ilícito, maniobras fraudulentas y asociación ilícita». 

En la denuncia, Alderete afirma que al asumir Leguizamón como «normalizador» empezó a obstaculizar su labor como revisor de cuentas, le ocultaba documentación contable y le impedía el acceso a la información. Asegura que el secretario General de la FEIA presentó innumerables intimaciones y denuncias por este tema, pero desde la Superintendencia sólo obtuvo silencio.

Alderete remarca la relación personal entre Taricco y Leguizamón. Asegura que se mostraban juntos en Tucumán en una «ìntima relación», que «hay un sin números de donaciones, construcciones e instalaciones, eventos sociales, cuyos fondos son desconocidos y exceden de manera exorbitante el ‘sobresueldo’ que percibe el Sr. José Antonio Leguizamón».

La otra acusación que recae sobre Taricco radica en las irregularidades respecto del legítimo proceso de elecciones en la FEIA y la OSPIA. El 19 de noviembre de 2016 vencieron los mandatos de las autoridades del Consejo Directivo de la Obra Social. La FEIA procedió a elegir integrantes y el 6 de diciembre de 2016 notificó a la Superintendencia para que se emita la correspondiente certificación de autoridades. Sin embargo un artilugio del Ministerio y la Superintendencia los dejó sin legalidad.

En el oficio también se contemplan «las irregularidades descritas en los delitos de administración infiel y el abuso de autoridad del delegado normalizador de la OSPIA, en connivencia con el titular de la Superintendencia de Servicio de Salud Sandro Taricco» y colaboradores varios, entre los que se encuentran hijos de Leguizamón. «Como así también, el presunto enriquecimiento ilícito de José Leguizamón y su grupo familiar y una asociación ilícita conformada por José Leguizamón, Sandro Taricco, Carlos Heredia y Rodolfo Reinoso».