A menos de un mes de las elecciones de normalización del Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (SOEME), uno de los interventores amaga con voltear el regreso del gremio a manos de sus afiliados. La determinación enciende las alarmas en el mundo sindical y deja a la gestión de la provincia al borde de otro escándalo.
Es que Antonio Mazzeo, el interventor designado por el ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, parece dispuesto a refugiarse en la organización gremial más allá de diciembre y para eso explora una alianza con el sindicalista empresario detenido en Uruguay, Marcelo Balcedo. De hecho le hace guiños a su jugada judicial.
Mazzeo, que llegó al SOEME con un clan de funcionarios de Telecom, fue designado por el Ministro Marcelo Villegas y se convirtió en su conductor en las sombras. Aprovechó la exposición de Conrado Reinke primero y de Julio Simon, hijo de un asesor de Dante Sica, después para tejer poder y convertirse en una especie de monje negro que hoy parece no querer ceder su lugar.
Ahora son ellos, junto con Rodolfo Kirbi, ex funcionario de salud de la ciudad, los que suelen manejar los contratos, como los del importante estudio ex empleador de este último Lisicki Litvin y Asociados.
Lo que resulta más curioso en todo este enredo es que Mazzeo es miembro del comité de ética del instituto de auditoria, pero eso no le impidió contratar a ex empleadores, a sobrinos y a su hijastro.
A medida que se acerca la toma de posesión dispuesta por el cronograma electoral, avalado por el juez federal Ernesto Kreplak, el escándalo crece y amenaza con estallar en plena ebullición de la campaña bonaerense, que será decisiva para definir el futuro de la gobernadora María Eugenia Vidal que tiene a la transparencia como uno de sus ejes discursivos.