El informe «La represión de la protesta socio-laboral en los dos primeros años de Cambiemos», publicado en las últimas horas por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) arroja datos alarmantes. Es que desde enero 2016 a noviembre 2017 se constatan 111 hechos represivos.
Según los datos relevados por el informe, se detuvo a 354 manifestantes y fueron heridos 328. El promedio indica la existencia de un caso de represión cada siete días, un detenido cada dos días y un herido también cada dos días.
Además, más de la mitad de los hechos represivos se llevaron a cabo contra la movilización de trabajadores –formales e informales-, el 24% contra militantes de movimientos sociales, el 14% contra familias en condiciones de vulnerabilidad, el 6% contra pueblos originarios y el 4% contra familias y/o vecinos que protestaban reclamando justicia por hechos de gatillo fácil e inseguridad.
Entre las causas podemos mencionar que el 31,5% de estas protestas responden a los despidos y reclamos salariales, el 18% a reclamos de alimentos y asistencia mediante programas sociales y al derecho a poder trabajar en la vía pública, el 17,1% fueron protestas contra las políticas de ajuste y el reclamo de fuentes de trabajo, el 13,5% se refirió a reclamos contra desalojos y por daños causados por temporales (inundaciones).
Respecto de la distribución geográfica, el 37,8% de los hechos represivos se realizaron en conflictos socio-laborales de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En las provincias del NOA se registraron el 19,8% de los hechos represivos. El 18% se produjo en las provincias de Santa Fe, Mendoza, Córdoba y Entre Ríos, en las provincias de la Patagonia el 16,2% y, por último, en las provincias del NEA el 4,5%.