«La participación política no es una opción, es la única opción», aseguró González ante dirigentes de Luz y Fuerza de la Patagonia

Héctor González el líder del Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia dio un fuerte discurso en la apertura de Congreso de Delegados que se realiza en Puerto Madryn. Cuestionó la reforma laboral de Milei e hizo un fuerte llamado a involucrarse en la participación política para defender sus derechos: «No es una opción, es la única opción».

Con las reformas del Gobierno a la vuelta de la esquina, Héctor González el titular del Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia dio una fuerte arenga a sus afiliados a involucrarse para cambiar la realidad política de sus provincias y del país.

«Muchas veces he planteado la necesidad de involucrarnos activamente desde el punto de vista político para fortalecer nuestra posición. Hemos hablado de la necesidad de la formación política. Enfrentamos las mismas destructivas pretensiones que hemos enfrentado otras veces, llevadas adelante ahora con una mayor virulencia. Debemos entonces ser más fuertes, disciplinados en torno a nuestra organización y conscientes de que la participación política no es una opción, es la única opción», dijo González ante dirigentes de las tres provincias (Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego), reunidos en el 47° Congreso Regional Ordinario del Cuerpo General de Delegados 2025.

«Somos una organización que ha creado instrumentos propios para la formulación de un pensamiento crítico desde nuestra identidad de trabajadores organizados. Poseemos un medio de comunicación que nos permite expresar nuestra mirada acerca de la realidad sin tutelajes, ni aduanas ideológicas. Son potencialidades que, frente al ataque que sufrimos, requieren ser complementadas con una actitud militante constante y con una inclaudicable convicción que es la organización colectiva la que nos permitirá superar la encrucijada en la que nos encontramos», agregó González.

El líder Luz y Fuerza alertó los riesgos que conlleva el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei: «La reforma laboral que propone Milei junto a sus aliados políticos y empresariales se reduce a ceder derechos para, supuestamente, alentar la registración de los trabajadores. En su razonamiento, el empleo formal no crece en Argentina desde hace una década porque se necesita ampliar la jornada laboral de 8 a 13 horas; licuar la indemnización por despido; y eliminar los salaries básicos».

González también apuntó contra el ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, que desde España anticipó que el Gobierno va a «desarticular la estructura de los gremios» mediante una reforma que priorice los convenios colectivos por empresa y no por actividad. «La premisa del ministro es en principio falaz, pero al mismo tiempo antigua porque esto ya se aplicó y fracasó. Fue durante el gobierno de la Alianza de Fernando de la Rúa. Se conoció como la ‘Ley Banelco’ (porque se logró gracias a sobornos) y fue una norma derogada en 2004, que proponía exactamente lo mismo que pretende Milei».

«Más que una reforma de índole técnica, la propuesta laboral del Gobierno de Javier Milei constituye un intento de redefinir el modelo argentino de relaciones laborales. Su objetivo estratégico es sustituir el paradigma tutelar — basado en la negociación colectiva por actividad o rama y la vigencia del convenio como fuente de derechos- por un esquema flexibilizado, individualizado y dependiente de la productividad empresarial. De este modo, el proyecto busca alterar no sólo las reglas formales del derecho del trabajo, sino también el equilibrio de poder entre capital y trabajo en la estructura económica contemporánea», planteó.

Y González concluyó: «En definitiva, la reforma laboral impulsada por Milei apunta a reformular la matriz de relaciones laborales argentina, reemplazando la lógica de la tutela colectiva por la de la adaptabilidad empresarial. La descentralización emerge así como el núcleo ordenador de un nuevo régimen del trabajo cuyo horizonte es la individualización del vínculo y la neutralización del conflicto. En nombre de la modernización, se impulsa una desprotección estructural que erosiona los fundamentos jurídicos y políticos del modelo social construido en torno al principio de justicia social».