La justicia de Río Negro tras dos gremialistas

El 2014 finalizó con las investigaciones sobre los sindicalistas encaminadas y a la espera de los resultados de pericias que determinarán el camino a seguir por el fiscal y el juez de las causas. Los próximos pasos de la justicia rionegrina podrían conducir a los respectivos llamados a indagatorias de los secretarios Generales de UPCN, Juan Carlos Scalesi; y de APEL, Alejandro Gatica.

En el caso del primero se investiga el cobro de dos cheques en el Banco Patagonia de 450.000 pesos uno y 650.000 el otro que habrían sido retirados por ventanilla por un alto dirigente con cargo al Fondo Compensador en marzo de 2013. La denuncia penal presentada señaló, entre otros cuestionamientos, que ese Fondo había quedado sin efecto en el ´96 y sin embargo ese altísimo monto habría sido cobrado con cargo a esa cuenta aparentemente inactiva desde hace unos 17 años.

El Banco habría ya informado a la Justicia quién cobró esos cheques y las firmas de quien o quienes lo habrían permitido, razón por la cual serían por lo menos tres los dirigentes de UPCN que estarían involucrados.

Si bien es importante determinar quién cobró y quienes autorizaron desde el gremio, el objetivo de la investigación apuntaría a determinar cuál fue el destino de esa suma que supera el millón de pesos y si fue debidamente rendida. Es decir, si ese gasto fue justificado.

Según informa el diario Río Negro, para ello el juez Favio Igoldi cuenta con importante documentación no sólo bancaria sino también la secuestrada en el allanamiento realizado a la sede de UPCN en esta capital. En esa oportunidad fueron retiradas carpetas y computadora del área de la Tesorería gremial.

Por otra parte se realizó un allanamiento a la sede de la Asociación Personal y Empleados Legislativos -Apel- y a la inmobiliaria «Gal SRL», ubicada en el radio céntrico viedmense que sería propiedad de allegados al secretario General del gremio legislativo, Alejandro Gatica, provocó otro escándalo el año pasado.

El presunto manejo irregular de fondos generó la intervención judicial que también está a la espera de resultados de pericias para avanzar en esta causa en la que ya se han tomado varios testimoniales.

Se investiga un presunto «fraude en perjuicio de la administración pública» y en el que resultarían responsables el secretario General del gremio, Alejandro Gatica, y la secretaria de Finanzas, Stella Maris Sale. Uno de los objetivos es determinar si hubo una doble venta de terrenos y con ello personas perjudicadas.

El fiscal Hernán Trejo dividió la investigación en dos hechos. Uno ocurrido en Viedma entre agosto de 2010 a marzo de 2014, fecha en que la diputada provincial Ana Piccinini presentó la denuncia penal que generó la causa.

En este caso se investiga si Gatica y Sale, teniendo a su cargo la administración de bienes ajenos como el Fondo para la Vivienda y Turismo Social del Personal Legislativo perjudicaron los intereses confiados mediante diversas maniobras defraudatorias con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido. Entre otras irregularidades no habrían sido rendidas cuentas de subsidios, aportes o fondos recibidos por parte del Estado.

Para el fiscal, las distintas maniobras habrían sido efectuadas dentro de un mismo concierto delictivo defraudatorio tendiente a evitar el control de la administración confiada, disponiendo así a su antojo los fondos.

En el segundo hecho que habría ocurrido en Viedma entre agosto y octubre de 2013 también están involucrados Gatica y Sale, quienes habrían dolosamente presentado y agregado en más de una oportunidad iguales recibos en fotocopia de Patagonia Vial S.R.L., con el fin de justificar gastos de los fondos públicos confiados por la Legislatura, causando un potencial perjuicio aún no cuantificado.