La justicia ahora habilita a «Vino Caliente» para ser candidato pero los estibadores se declaran en alerta para echarlo

Siete meses después de ser excarcelado, la Cámara Federal de San Martín confirmó el procesamiento del dirigente sindical y empresario Herme Juárez, exhombre fuerte de la zona portuaria del polo agroexportador de Gran Rosario, por el delito de administración fraudulenta y lavado de activos en perjuicio de la Cooperativa de Trabajos Portuarios de Puerto San Martín.

Sin embargo el fallo habilita a Juárez a regresar al sindicato y a la cooperativa, ambos intervenidos, ya que revoca la medida cautelar de no acercarse a la sede gremial a menos de 200 metros, por lo que «Vino Caliente» podría presentarse a elecciones, para las cuales aún no hay fecha.

El fallo ratifica también los procesamientos de las hijas del líder portuario, Paola y Mariana, su hijo Oscar y del exgerente Daniel Gustavo Badía, por el delito de lavado de activos. Desde el entorno de Juárez señalaron que el fallo dejó de lado dos de los delitos que figuraban en el procesamiento: asociación ilícita y coacción.

Ante un posible regreso otro espacio sindical de los estibadores, enfrentados a Juarerz, se manifestó en estado de alerta y movilización. Se trata de la lista Celeste y Blanca. Este sector echó a Juárez las veces que visitó la sede gremial tras ser excarcelado.

Juárez detentó durante más de 50 años un poder importante en el Gran Rosario, zona clave del sector agroexportador. Solo una investigación judicial logró perforar su hegemonía. Fue detenido el 1º de agosto de 2019 en su residencia de San Lorenzo, tras un megaoperativo realizado por varias fuerzas federales, ordenado por el juez de Campana Adrián González Charvay.

La investigación contra Juárez y su entorno se centra en los desmanejos económicos de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios, que Vino Caliente condujo a la par del sindicato desde 1969.

Según consta en el expediente, en 2017 el patrimonio de la cooperativa, que se dedica a la estiba de los barcos que cargan soja y productos derivados en los puertos, ascendía a $2100 millones.

El control del gremio y la cooperativa lo transformó en uno de los hombres más poderosos del polo agroexportador, y un dirigente que también controlaba los hilos políticos de la zona, como lo sugieren las escuchas telefónicas que figuran en la causa.