La Corte anuló fallo que condenaba a pagar una indemnización 24 veces más alta de la reclamada

El máximo tribunal del país consideró «arbitraria» la sentencia dictada por la Sala III de la Cámara que, ante la demanda promovida por J.I.R., condenó a Personal Collect S.A. y La Caja Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a pagar 2.521.080 pesos, más intereses a calcular desde 2010.

J.I.R. inició el reclamo porque la presión a la que dijo estar sometido en su empleo para cumplir sus objetivos de cobranzas «a un ritmo agotador» en un clima laboral «hostil», le provocó ansiedad, depresión y una crisis de angustia que, según los peritos médicos que lo examinaron, disminuyeron su capacidad laboral en un 20%.

La Corte destacó que el tribunal laboral elevó 24 veces el monto pretendido en la demanda, para lo cual invocó una norma del Código Civil y Comercial de la Nación que «permite atenuar la indemnización, si fuera equitativo».

«El correcto uso de esa facultad jamás podía haber conducido a (la Sala III de la Cámara Nacional del Trabajo) a reconocer un resarcimiento tan elevado y desproporcionado en relación a lo reclamado», evaluaron el presidente de la Corte Carlos Rosenkrantz y los ministros Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Loerenzetti y Horacio Rosatti.

Agregaron que se fijó el daño en 2.521.080 pesos, con aplicación de intereses desde «la primera manifestación invalidante», el 1 de octubre de 2010, «hasta el efectivo pago», lo que eleva varias veces ese importe, aunque el fallo marcó que la indemnización respondía a «cálculos actuales».

Analizaron, también, «informes obrantes en la causa» sobre la salud de J.I.R. de los que surge que «los signos clínicos que manifestaba en un principio, han disminuido e incluso desaparecido», y que a mediados de 2011 comenzó a trabajar como empleado en un estudio de abogados.

«El fallo apelado resulta descalificable como acto jurisdiccional válido» por su «arbitrariedad», ya que «se sustenta en argumentos aparentes e ineficaces para sostener la solución adoptada», concluyó la Corte Suprema.