La asociación que agrupa a los diplomáticos dio a conocer un comunicado dirigido al canciller Felipe Solá en el que manifestaron su disposición a «colaborar» pero le recriminaron no haber sido escuchados pese a «insistentes reclamos» de reunión con el titular del Palacio de San Martín.
«Intentamos conversar con usted sobre las distintas alternativas que se planteaban con motivo del dictado del Decreto del Poder Ejecutivo que prorrogó el período extraordinario de sesiones del Congreso de la Nación para considerar la modificación del Régimen previsional específico del Servicio Exterior de la Nación (…) Lamentablemente hasta la fecha no hemos sido oídos, a pesar de insistentes reclamos de nuestra parte», sostuvo la organización.
Apsen remarcó que el régimen especial de jubilaciones que alcanza a los miembros del servicio exterior «no constituye un privilegio», como considera el Gobierno al justificar la iniciativa.
Al respecto, planteó que los diplomáticos son «trabajadores sometidos a condiciones laborales atípicas, con estrictas incompatibilidades» y que cuestiones como «el desarraigo» y «la dedicación exclusiva» ameritan «consideraciones especiales».
Pese al malestar, los diplomáticos dejan abierta la posibilidad de «colaborar» en una eventual modificación del sistema jubilatorio para el sector, aunque sin dejar de lado las «particularidades» de la profesión.
«Señor canciller, los trabajadores diplomáticos comprendemos muy bien la difícil situación económica por la que atraviesa la Argentina y es por ello que en cada ocasión que se planteó una posible modificación del régimen previsional nos hemos mostrado a favor del diálogo», indicaron en el texto.
Al respecto, agregaron que están «dispuestos a colaborar en la concreción de un sistema jubilatorio más equitativo que respete las particularidades de la carrera».
Apsen ya había expresado sus reparos frente a la intención de cambiar el régimen jubilatorio de los diplomáticos al conocerse que el presidente Alberto Fernández evaluaba la iniciativa, en diciembre pasado.
El sindicato recordó además en aquel momento que a diferencia de otros regímenes, los diplomáticos se encuentran sujetos al impuesto a las ganancias -el Poder Judicial no lo está- y deben realizar un aporte al sistema del 11% de sus haberes brutos, sin tope.
Según la normativa vigente, los diplomáticos perciben haberes equivalentes al «85% de la remuneración total asignada a la categoría de mayor jerarquía desempeñada».
La intención del Gobierno es reducir el porcentaje al 82% y calcular la jubilación en base al promedio de los salarios de los últimos 10 años (actualmente se toma el último sueldo).