La retirada amenaza con ser más que turbulenta para el secretario de Trabajo Lucas Fernández Aparicio. Es que en las últimas semanas, al compás del vacío de poder que empieza a rodearlo, se reactivaron causas que ponen el foco en su gestión y en su rol como promotor o garante de intervenciones que derivaron en manejos irregulares de fondos de sindicatos y obras sociales.
Este último es el caso de la intervención a la Obra Social del Personal de la Industria Azucarera (OSPIA) a la que intentó salvaguardar con una decisión sobre la que no tenía potestad y sin siquiera tener el expediente en su poder. El reemplazante de Jorge Triaca buscó anular lo dispuesto por la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales y revocar la certificación de autoridades de la Federación de Empleados de Industria Azucarera y así garantizar la continuidad de la «normalización».
Casualmente la decisión del secretario abría la puerta a una nueva intervención de una organización sindical, con el impacto devastador que tuvo cada gestión de Cambiemos en las arcas gremiales y en materia de derechos para los trabajadores. Y perpetuaba la intervención de su obra social.
Mientras judicializan esa resolución, que desde la Federación denuncian por improcedente y fruto de una asociación ilícita, siguen surgiendo novedades desde Tucumán. Es que un empleado de la Obra Social en cuestión denunció al actuar interventor José Antonio Leguizamón por amenazarlo de muerte.
Se trata de un arrepentido, que ya ratificó sus dichos ante la justicia y cuya declaración llegó a manos de InfoGremiales. El trabajador describió movimientos de bolsas de dinero, que se trasladaban tres veces por semana, desde la Obra Social hasta el departamento del hijo del interventor. Según consta en su testimonio, en ocasiones el propio denunciante habría llevado la plata en mochilas.
El testigo, cuyo domicilio tiene custodia policial, especificó no sólo las movidas de dinero. Dio nombres, cargos y tareas de los empleados de la misma Obra Social y sus aportes en el proceso que se llevaba a cabo. Además aportó detalles de supuestas sobrefacturaciones y desvíos de fondos, en consonancia con nombres del poder político nacional.