El Gobierno no detiene su estrategia de asfixia y la Superintendencia suma más presión sobre las obras sociales

(Por Pablo Maradei) La Resolución 951 publicada recientemente por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) acelera plazos y multas onerosas para aquellas prestatarias que no contesten a tiempo las denuncias de afiliados. En tanto, y con el canal de comunicación en estado de intermitencia, los sindicalistas esperan que los reciba Mario Lugones. 

La publicación -por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS)- de la Resolución 951, que hipotéticamente busca agilizar las respuestas que deben dar los agentes de salud (obras sociales y prepagas) reduciendo el plazo a 5 días corridos, levantó la temperatura gremial.

Desde el Gobierno justifican esta medida: «Las obras sociales y las entidades de medicina prepaga deberán responder los requerimientos de la Superintendencia en un plazo máximo de 5 días corridos invirtiéndose la carga de la prueba. Además, las denuncias deberán resolverse en un plazo máximo de 30 días hábiles desde la notificación, cuando antes podían tardar hasta dos años«.

Indicación. En el artículo 2 de la Resolución 951 figura la inversión de la carga de prueba: «En el marco del proceso de denuncias, la ausencia de respuesta, la contestación insuficiente, evasiva o carente de fundamento, así como también la falta de acreditación fehaciente del cumplimiento de la obligación en el plazo previsto, por parte de los Agentes del Seguro de Salud o de las Entidades de Medicina Prepaga, genera la presunción de incumplimiento de la obligación denunciada y otorga verosimilitud a los hechos relatados por la parte denunciante».

Los gremios ven cómo el Gobierno sigue encorsetando y asfixiando a la estructura económica de los sindicatos y sus obras sociales: «El sistema está explotado hace décadas, las Prepagas siguen aumentando mes a mes y más que la inflación; mientras nosotros seguimos con los salarios que solo homologan aumentos del 1% y por lo tanto recaudando los mismos aportes para nuestro sistema de salud», describen el cuadro de situación.

Siguen: «Con la Resolución 951 buscan otra manera de agravar la situación: fijan en 5 días corridos las respuestas a las denuncias de los afiliados». Y ejemplifican: «Imaginate la Obra Social de Empleados de Comercio: tienen más de un millón de aportantes, si en un día se presentan 100 denuncias ¿Cómo hacés para responder en 5 días situaciones que en muchos casos son complejas y en las que hay que evaluar un historial del paciente?». Y según la normativa, en casos de riesgo de vida, la SSS puede acotar ese período (lo cual suena lógico).

Con todo, aseguraron los sindicalistas que hablaron con este medio que «por este tema está pendiente un encuentro con Lugones (NdR: Mario, el ministro de Salud)».

La Resolución 951 se conoció en los días previos a que Gabriel Oriolo renunciara a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS); aunque la medida lleva la firma de ese ex intendente de la SSS; hoy reemplazado por Claduio Stilveman ; quien ya entra a la cancha sospechado y como contó InfoGremiales.

Impacto económico

A priori, la afectación a los fondos de las obras sociales pueden tener dos aristas: por un lado, la necesidad de que la prestataria de Salud contrate más personal para poder responder a tiempo porque por el otro, si no lo hace a tiempo correrán multas. Que serán las siguientes -según publica la SSS- de acuerdo a los plazos que tarde en responder: «A partir de la actualización del régimen sancionatorio impulsada el año pasado, ahora las multas irán de 5 a 100 módulos (cada uno equivalente al haber mínimo jubilatorio) y se implementará un Ranking Público de Cumplimiento, para que los beneficiarios puedan conocer el desempeño de cada entidad.

En números: el haber mínimo jubilatorio es actualmente de $304.723,93. Es decir que las multas van de $1.523.619,65 (5 módulos) a  $30.472.393 (100 módulos).

Fuentes de la SSS confiaron a InfoGremiales que «previo a la 951 estaba en vigencia una resolución de 1998 que tenía los mismos fines (luego readaptada en 2024, pero sin lograr su cumplimiento)pero a la que las obras sociales no les daban bola y la Super no hacía nada porque se cumpliera«. Defendieron esta iniciativa porque «el Gobierno busca una gestión más eficiente y transparente».