La flexibilización laboral es una de las metas que se puso Cambiemos para sus próximos dos años de Gobierno. Mientras mide fuerzas para saber si logrará avanzar en un reforma integral o seguirá haciéndolo en base de acuerdos sectoriales, con eje en las actividades más castigadas, da pequeños pasos donde cree que tiene una relación de fuerzas positiva.
Ahora el pequeño gran paso lo dio sobre los convenios vigentes del Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro). Es que el directorio, con mayoría PRO, resolvió mediante un acta del 17 de agosto modificar unilateralmente lo establecido en el convenio 18/75 que rige la actividad.
«El núcleo de la reforma apunta a una modificación de las categorías vigentes y que se encuentran plasmadas en el convenio colectivo de trabajo. En concreto, directamente se eliminan las categorías de Auxiliar, Ayudante de Firma, Jefe de Área, Cajero Principal, Cajero Efectivo, Cajero Accidental, Supervisor Operativo y Subgerente Operativo hoy vigentes y se reemplazan por otras», explicaron ayer en Tiempo Argentino.
A las nuevas categorías que se pretende aplicar corresponde una redefinición de tareas que impone, y consiste de hecho en la «polifuncionalidad», una de las grandes aspiraciones empresarias, tanto de servicios como industriales.
La implementación del nuevo escalafón obliga a la reubicación de los agentes y la reasignación de cargos con responsabilidad, toda vez que se establece que «cada unidad de negocios sea autosuficiente», según la dirección del banco, congelando la incorporación de nuevos agentes.
Según denuncia la Comisión Gremial Interna, el nuevo escalafón plantea la posibilidad de que agentes que actualmente se desempeñan en cargos medios deban asumir la responsabilidad de una sucursal sin la categoría correspondiente.
Santiago Etchemendi, secretario general de la CGI explicó a Tiempo Argentino que «otorgan funciones pagando adicionales por debajo de lo que dicta el convenio. Con eso habilitan las polifunciones y avanzan con la carrera de metas».
Los representantes sindicales y el cuerpo de delegados rechazaron la reforma y exigen la derogación de la resolución. Etchemendi explicó que «hace una semana votamos medidas de acción directa y estamos esperando el aval de la conducción del sindicato porque aspiramos a la unidad del sindicato. El directorio no nos concedió ninguna reunión oficial».