En su camino de retirada, el Secretario de Trabajo Lucas Fernández Aparicio, parece estar dispuesto a apretar toda la botonera a disposición para quedarse con alguna porción de poder y negocios luego del 10 de diciembre de este año. O, en todo caso, intentarlo hasta el último minuto.
Es que al escándalo que se desató en las últimas horas, cuando InfoGremiales dio a conocer el plan de intervención del SUPA Puerto San Martín y la Cooperativa de Trabajos Portuarios de Puerto General San Martín para apoderarse de las cajas que estaban en manos del ahora detenido Herme «Vino Caliente» Juarez, se le sumó el que detonó en Tucumán la resolución que firmó el propio Aparicio para revocar la certificación de autoridades de la Federación de Empleados de la Industria Azucarera (FEIA).
Según Aparicio se habrían constataron diversas irregularidades que lo llevaron a revocar lo dispuesto por la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales y revocar la certificación de autoridades de la Federación. Casualmente, la decisión del secretario abriría la puerta a una nueva intervención a una organización sindical, con el impacto devastador que tuvo cada gestión de Cambiemos en las arcas gremiales y en materia de derechos para los trabajadores.
Sin embargo, la asesoría letrada de la FEIA rechazó inmediatamente la decisión. Según consignan los abogados laboralistas, Aparicio no tiene facultades para revocar lo dispuesto por la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, atributo que sólo le compete al ministro de Producción y Trabajo, y avanzaron en una denuncia por penal contra el secretario de Trabajo.
Le imputan a Aparicio ser co-autor ideológico del accionar ilícito -junto a Adolfo Alberto Saglio Zamudio, miembro de su Secretaría- de una asociación ilícita para promover la intervención del gremio y perpetuar la de la Obra Social O.S.P.I.A. cuya regularización es negada sistemáticamente por la Superintendencia de Salud de la Nación.
La acusación contra el funcionario expone que tomó la decisión de revocar las autoridades «sin siquiera tener en su poder el expediente administrativo de la Federación, sin tener conocimiento de las denuncias penales arribadas a los impugnantes, sin fundamentos y sustento jurídico alguno, sin conocer las causa, sin competencia para efectuarlo, sin respetar los plazos administrativos, y con una finalidad manifiestamente ilícita».