Ayer tomó estado parlamentario el proyecto de resolución que fue presentado por todo el bloque de Unión por Córdoba, como una derivación de aquella polémica iniciativa que habían impulsado algunos legisladores delasotistas para regular la prestación de los servicios esenciales durante las medidas de fuerza gremiales.
En el texto del proyecto se le da mandato a la Comisión multisectorial para que, además de recibir opiniones, “proponga las medidas necesarias para garantizar a los ciudadanos un piso en el acceso a los servicios esenciales, aún durante la adopción de medidas de fuerza”.
La iniciativa no es nueva. Hace más de un mes el gobernador la había anunciado y el revuelvo producido en un mundo sindical convulsionado por los paros de docentes y estatales la postergaron.
En ese momento la CGT Regional Córdoba y la CGT Rodríguez Peña motorizaron una masiva movilización frente a la Legislatura para oponerse a al proyecto de De la Sota y anunciaron que volverán a la carga de ser necesario.
Las centrales sindicales entienden que desde el gobierno provincial se los intenta demonizar y que la normativa que se impulsa desde el oficialismo cordobés es un claro avance para limitar el derecho de huelga que está garantizado por la Constitución Nacional.