Para darle una mirada de género a la regulación del teletrabajo que, debido a la cuarentena en aislamiento, entró en la agenda legislativa, la Secretaria General de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales (FeSiTraJu), Diputada Nacional y referente de las Mujeres Sindicalistas. Vanesa Siley abrió desarmando un sentido común erróneo: «A veces se dice por mala intención o por desconocimiento, que el teletrabajo beneficia a las mujeres y esta es una falsa premisa porque no pedimos quedar compelidas al círculo de nuestro hogar, donde además de trabajar frente a una pantalla, trabajamos dando la teta u organizando ese hogar.» y cerró su introducción aclarando que: «es humanamente imposible de llevar a cabo. No pedimos dar la teta mientras trabajamos, pedimos igualdad.»
Mara Rivera (APSEE), quien coordinó el evento, le dió el pase a la invitada, la economista Sofía Scassera, quien apuntó su exposición a lo que no se trata en los proyectos de ley: «Hay cuestiones que exceden la capacidad regulatoria de una ley nacional, las vamos a tener que resolver nosotros, desde las organizaciones sindicales con la negociación colectiva», advirtió.
Scassera describió algunos puntos a tener en cuenta:
- Migración de habilidades: Es necesario capacitar a las y los trabajadores, no solamente en el uso del software sino para que puedan «virtualizar las habilidades». No es lo mismo dar clases presenciales que virtuales, por ejemplo.
- Ciberseguridad: Hace falta capacitación en ciberseguridad desde el hogar y eximir de responsabilidad al trabajador en caso de que existan fallas de seguridad.
- Cibervigilancia: Scassera considera que avanzamos a una nueva etapa que denomina «capitalismo cibernético», donde quienes están más expuestos a la cibervigilancia son los trabajadores de las apps, los que trabajan en edificios inteligentes y, finalmente, los teletrabajadores. Esto afecta especialmente a quienes ejercen tareas de cuidado porque trabajan entrecortado. Recomienda que los sindicatos también cibervigilen.
- Propiedad intelectual: De quién es lo que genera el trabajador en forma digital. Para qué necesito al trabajador si puedo replicar lo que produjo infinitamente pagando por ello una sola vez.
- Derecho a desconexión: Se trata del derecho a no recibir mensajes relativos al trabajo fuera de jornada laboral. Scassera considera que debe decidirse la importancia y la urgencia de los mensajes, determinándolo sector por sector, y deben definirse grados de responsabilidad. «A las mujeres nos usan de agenda, llegan mensajes fuera de horario de ‘Haceme acordar?'». Aclara que no se trata de un problema técnico porque se pueden frenar las comunicaciones virtuales, se trata de un problema moral y social de sobrecarga cognitiva.
- Teletrabajo y violencia machista: El teletrabajo refuerza el control que los violentos tienen sobre las mujeres, que al no salir siquiera a trabajar se aíslan. Otras son víctimas de varones que aprovechan el anonimato que permite la virtualidad para el ciberacoso o para el ciberbullying laboral. Scassera propone difundir más los mecanismos para denunciar y protegerse desde el ámbito laboral.
- Otro punto que incumbe netamente a los sindicatos: si aumenta la productividad que aumenten también los salarios.
Para cerrar, la economista retomó el tema con el que abrió Vanesa Siley, para que haya igualdad se necesita una red de cuidados: «La tecnología devuelve a las mujeres al contexto del hogar pero ahora suma el trabajo remunerado a las tareas domésticas. La condición fundamental para el teletrabajo es una red de cuidado». Esto afecta a cualquier adulto con personas a cargo.
Las tareas de cuidado pueden hacer «optar» por el teletrabajo, pero también implica menos probabilidades de ascensos y además por un ‘techo de cristal autoimpuesto’. Se rechazan cargos con responsabilidades adicionales, se rechazan viajes para poder dedicar tiempo y energía a la familia pero no se termina haciendo ni lo uno ni lo otro.
La charla, que se puede ver completa acá, demostró que la conquista de una ley de regulación del teletrabajo será apenas el piso de nuevas luchas y negociaciones que deberán llevar a cabo las organizaciones de trabajadores y trabajadoras.