El secretario general de la CTA de los trabajadores, regional Córdoba, Pablo Carro, presentó un proyecto de ley para ajustar la mira y que el dinero público del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) vaya a quienes realmente lo necesitan.
El proyecto expone que Argentina no posee una ley que proteja y priorice a las empresas domiciliadas en el país que, habiendo cumplido con todos los tributos argentinos, reciban asistencia financiera en el marco de situaciones de emergencia, catástrofe o fuerza mayor, como la actual pandemia de COVID 19, respecto de aquellas domiciliadas en «paraísos fiscales» o que ha sido comprobada su evasión fiscal por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
La propuesta también hace alusión a leyes similares que se están discutiendo o directamente aplicando en países de la Unión Europea, como Francia, Polonia y Dinamarca. Actualmente Italia estudia hacer lo mismo, luego que el ministro de Exteriores, Luigi Di Maio, pidiera poner coto a estos refugios financieros.
La iniciativa fue acompañada por los diputados Walter Correa, María Rosa Martínez, Patricia Mounier, Claudia Beatriz Ormachea, Carlos Ponce, Ayelén Spósito, Hugo Yasky y Juan Emilio Ameri.
En los párrafos finales de los fundamentos, enfatizan que «en este marco de emergencia que nos encontramos es el momento de fortalecer las acciones frente a nuestros ciudadanos y priorizar a nuestras empresas en especial las que hacen un verdadero esfuerzo por contribuir a una mejor realidad para nuestro país.»
