El interventor judicial del SUPA del Puerto General San Martín, Bella Vista, Timbues y Puerto Gaboto, el Dr. Marcelo Esteban Urban, denunció penalmente hechos delictivos promovidos por el ex líder de los portuarios, Herme «Vino Caliente» Juarez, con el fin de entorpecer la normalización de la entidad gremial y garantizar negocios que trata de sostener en manos de testaferros.
Juarez, quien fuera el secretario General del SUPA, se encuentra con prisión domiciliaria en el marco de una investigación que motoriza la Justicia Federal de Campana. Entre otros delitos, al gremialista se lo vincula con lavado de activos y asociación ilícita y utilización fraudulenta del gremio.
La intervención del SUPA, que asumió con el fin de «subsanar las irregularidades existentes detectadas por el Poder Judicial», detectó irregularidades en la relación comercial con un proveedor del gremio, que prestaba un servicio de traslado de afiliados desde el Centro de Contratación Portuaria de Puerto General San Martin, hasta las diversas terminales de trabajo. Por la tarea le cobraba al sindicato casi 3 millones de pesos mensuales.
La relación de este «prestador de servicios» con el SUPA ya tiene 20 años e implica una transferencia multimillonaria a unos pocos individuos que controlaban la operatoria de la firma. Se trata de Sandra Jorgelina Tolosa y su cónyuge Crisostomo Mario Cosentino, quienes eran la cara visible de la maniobra en las épocas de Vino Caliente.
Luego del procesamiento de Juarez, por orden de la Justicia Federal se le bloqueo el CUIT a la Sra. Tolosa. Para seguir percibiendo los 3 millones de pesos mensuales Tolosa constituyó una sociedad anónima simplificada denominada Ben Hrnos S.A.S, y de la cual ella es tenedora del 100% de sus acciones, mientras que Consentino se convirtió en su administrador legal.
Cuando el interventor se negó a pagar la «deuda» que Cosentino reclamaba en favor de Ben Hrnos, ya que los periodos facturados eran anteriores a la fecha de inscripción fiscal de la «nueva» empresa se registraron ataques a dos vehículos de transporte de afiliados y amenazas a los choferes.
El ataque se lo vincula directamente con el hecho de haber desbaratado negocios de «Vino Caliente». Según fuera informado, el interventor presentó la denuncia penal respectiva y acompaño toda la documentación que se pudo obtener al respecto desde su gestión.
«Sabíamos que la intervención del SUPA iba a ser un asunto delicado. Con el avance de la normalización del sindicato estamos afectando ciertos intereses económicos vinculados a grupos de poder que antes utilizaban a la entidad para su exclusivo beneficio personal. Estos episodios son una clara respuesta a nuestra gestión. Sin embargo, no vamos a tolerar que se utilice al SUPA para la satisfacción personal de unos pocos, nuestro mandato es claro: normalizar la entidad y devolverla a sus afiliados», explicó Urban.
Por estas horas Puerto General San Martin se transformó en un tablero de ajedrez en donde se conviven dos intervenciones ideológicamente contrapuestas. Por un lado, la gestión del funcionario PRO, Juan Jose Schaer, al frente de la Cooperativa de Trabajo Portuarios Limitada del Puerto General San Martín en la que se mantuvo a más de una docena de familiares de «Vino Caliente» en puestos gerenciales de la entidad. Desde allí se orquestó una operación comercial para bajarle los costos a las grandes cerealeras. Y por el otro, la intervención del gremio SUPA, enfrentada a Juarez que parece dispuesta a desarmar el andamiaje de negocios espurios en torno a la organización sindical.