La relación entre el ex ministro de Trabajo, Jorge Triaca, con el mundo sindical parece estar lejos de cortarse. Es que a pesar de su paso poco feliz por la gestión y los escándalos de corrupción que precipitaron su salida del gabinete, previa degradación del cargo a Secretaría, el ex funcionario montó una fundación para seguir recaudando de los gremios.
El proyecto en cuestión se llama Fundación Laborum, una iniciativa que tenía por objeto inicial brindarle servicios a los sindicatos y cobrar, básicamente, por la capacidad de influir que todavía tenía Triaca sobre la cartera de Producción y Trabajo.
Por allí pasaron varios gremios necesitados de gestiones, detenidas intencionalmente por la burocracia estatal, que Laborum aceitaba y facturaba.
También cayeron en esas manos empresarios en busca de consejos para entender el metié gremial y de algún que otro vericueto para aprovechar los programas de Empleo y Trabajo.
El emprendimiento funciona en el piso sexto de un edificio a dos cuadras de Retiro, sobre la calle Reconquista. Junto al ex ministro se presentan dos personas de su más estrecha confianza, quien fuera su secretario de Trabajo, Horacio Pitrau, y Ernesto Leguizamón, abogado y ex jefe de Gabinete del ministerio durante su gestión.
También suele verse por el lugar a Sergio «Sombrero» Borsalino, su cuñado y el encargado de visitar a las organizaciones sindicales intervenidas para «vender» su esquema piramidal de seguros de vida, donde opera para uno de los tres grandes jugadores de ese sector; y a quien fuera su Directora de Asociaciones Sindicales Karina Palacios Anchorena.
Según pudo saber InfoGremiales entre 35 y 40 sindicatos aportan a Laborum «cuotas» de entre 60 mil y 300 mil pesos, tarifa que varía de acuerdo a su tamaño y sus necesidades.
Uno de los que hizo mayor uso de la gestión de Laborum fue Alejandro Poli, el líder de los remiseros del Surya. El dirigente, enrolado en las 62 organizaciones amarillas, terminó siendo candidato a diputado nacional en la lista de Juntos por el Cambio e interventor en la obra social del gremio de remiseros con el que pelea la representación de los afiliados.
Ahora, fuera del Estado, la fundación sirve como espacio para el reagrupe político de varios que salieron de la gestión pública, algunos de los sin tierra de Cambiemos del Conurbano y algunos soldados que esperan regresar a la vida pública tras la derrota del 27 de octubre.