Un comunicado firmado por el titular del sindicato, Hugo «Cachorro» Godoy, explicó que la parálisis de energía y de la red hidráulica de la compañía provocaría inundaciones en «el sector de bombas y, por lo mismo, un grave daño ambiental y de infraestructura».
Vanina Zurita, secretaria de Formación del sindicato estatal bonaerense, aseguró que si ello ocurriese «se produciría un golpe mortal a la esperanza de reapertura de Fanazul».
La fábrica fue cerrada en 2018, luego del despido de más de 220 trabajadores, por lo que la ATE planteó «la inconstitucionalidad del decreto presidencial que convirtió entonces a Fabricaciones Militares en una Sociedad del Estado», precisó Godoy en el documento.
Zurita enfatizó que «el personal del Arsenal Naval Azopardo se hará cargo en breve del predio de Fanazul y cortará la luz», y explicó que «si ello ocurre y se inunda el sector de bombas se generaría un tremendo daño económico para Fabricaciones Militares».
«La situación dañaría toda la parte de máquinas y motores. Hay además plantas vacías -como la D y G-, cuyos desagües están sucios, por lo que cabe también que se inunden y ocasionen un impacto ambiental negativo para una fábrica de explosivos», dijo Zurita.
La ATE responsabilizó por la situación al gobierno local, a los ex interventores de Fabricaciones Militares Luis Riva y Fernando Speranza y a la actual dirección por «la destrucción de empleos y de una industria estratégica para la defensa nacional, y por no haber adoptado ningún recaudo en relación con la seguridad laboral y ambiental».
La denuncia radicada en Azul también advirtió sobre «la situación de los trabajadores que realizan tareas de mantenimiento, quienes no fueron sometidos a los periódicos estudios de riesgo laboral y carecen de servicio de emergencia, de teléfonos y de insumos».