Todo comenzó cuando el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, anunciara públicamente como un hecho el bono de 5 mil pesos para los empleados del sector privado. Se trataba de uno de los pedidos concretos que había llevado la cúpula de la CGT a la reunión con funcionarios, pero que luego se confirmó que no estaba debatido ni consensuado ni los empresarios, ni a la interna de un desorientado Gobierno Nacional.
Ahí se desataron una serie de reuniones que incluyeron referentes empresarios de la industria y del comercio y algunos popes gremiales. En la práctica se trató de operacionalizar lo que empezó a convertirse en un problema autoinflingido por el propio Sica para evitar el pedido de reapertura de paritarias, algo que en la práctica está sucediendo de todos modos.
En principio la posición que llevaron los empresarios fue la de aceptar el pago de los 5 mil pesos, pero pedir que sean a cuenta de futuros impuestos. Más precisamente a cuenta de futuras cargas patronales. Allí fue el encargado Hacienda, Hernán Lacunza, el que se negó. Incluso deslizó que habría que pedirle permiso al FMI para tomar una determinación fiscal por el estilo.
Como contra propuesta Sica ideó un borrador en el que se especificaba un bono de 5 mil pesos para los empleados de grandes empresas a cobrar en octubre, mientras que las Pymes tenían chance de pagarlo hasta en 5 cuotas. Ese diseño, de empleados de primera y de segunda, fue descartado de plano de las negociaciones, pero dejó una certeza: el Gobierno está desorientado.
Desde la Cámara Argentina de Comercio, que agrupa a los supermercados y compañías de retail más grandes, plantearon que el bono tiene que tener aporte empresario, pero también del Estado y de los gremios. Elaboraron un borrador de tercios que no prosperó,
Sin acuerdo, ni miras de alcanzarlo, por estas horas los empresarios están atentos al Boletín Oficial. De hecho la versión que manejan es que saldría por Decreto en las próximas horas y hasta imaginan un futuro conflicto legal por la constitucionalidad de la decisión oficial.
«Les dijimos que del bolsillo del empleador, a cambio de nada, no va a salir. Y que si van por un DNU, vamos a pelear por su inconstitucionalidad», le dijo Esteban Mancuso, coordinador de asuntos laborales de la CAC, a TN.
¿Cuál es la diferencia entre este bono y el de 2018 que los empresarios sí aceptaron? En principio el 2018 proponía variantes para incluirlo como suma a cuenta de futuros aumentos y tenía carácter de no obligatorio (en la práctica muchas empresas no se pagó). Y hay una diferencia vital, se trata de una gestión en retirada, que perdió poder, crédito e iniciativa.