Cada intervención del Gobierno Nacional sobre una institución de los trabajadores termina en escándalos con varias aristas. El caso paradigmático fue el del SOMU, en el que el ex ministro Jorge Triaca puso a trabajar hasta a su empleada doméstica y luego la echó con un audio repleto de insultos.
Pero lo mismo sucedió con la intervención del gremio de los vigiladores y el resto de las organizaciones en las que el Gobierno puso un pie. Ahora las miradas se posan en la intervención de la obra social de los azucareros, la OSPIA.
Es que luego de que llegara una denuncia de un empleado que apuntó al actual interventor José Antonio «Pita» Leguizamón por amenazarlo de muerte, ordenan la detención de Leguizamón.
En esta ocasión la determinación judicial es por una denuncia previa de una empleada que lo acusara de acosarla. La justicia determinó una perimetral que «Pita» habría roto y por eso la policía lo fue a buscar. Sin embargo no lo encontró y por estas horas se encuentra prófugo.
<blockquote class=»twitter-tweet» data-lang=»es»><p lang=»es» dir=»ltr»>Ahora: urgente – la justicia ordenó la detención de José «pita» Leguizamón. La policía busca al gremialista en la sede de la Obra social y no pudo dar con su paradero. <a href=»https://t.co/HVkdAJY6qj»>pic.twitter.com/HVkdAJY6qj</a></p>? Cesar Juarez (@cesarJuarez10) <a href=»https://twitter.com/cesarJuarez10/status/1169974437447442432?ref_src=twsrc%5Etfw»>6 de septiembre de 2019</a></blockquote>
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En horas previas un arrepentido, que ya ratificó sus dichos ante la justicia y cuya declaración llegó a manos de InfoGremiales, había descrito movimientos de bolsas de dinero, que se trasladaban tres veces por semana, desde la Obra Social hasta el departamento del hijo del interventor. Según consta en su testimonio, en ocasiones el propio denunciante habría llevado la plata en mochilas.
El testigo, cuyo domicilio tiene custodia policial, especificó no sólo las movidas de dinero. Dio nombres, cargos y tareas de los empleados de la misma Obra Social y sus aportes en el proceso que se llevaba a cabo. Además aportó detalles de supuestas sobrefacturaciones y desvíos de fondos, en consonancia con nombres del poder político nacional.
El problema salpica al secretario de Trabajo, Lucas Fernández Aparicio que días atrás buscó anular lo dispuesto por la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales y revocar la certificación de autoridades de la Federación de Empleados de Industria Azucarera. Esa decisión apuntaba a garantizar la continuidad de la «normalización» en la obra social.
Casualmente la decisión del secretario abría la puerta a una nueva intervención de una organización sindical, con el impacto devastador que tuvo cada gestión de Cambiemos en las arcas gremiales y en materia de derechos para los trabajadores. Y perpetuaba la intervención de su obra social.