La causa que envuelve al intervenido Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme), atravesó un nuevo capítulo en las últimas horas que tuvo al juez Ernesto Kreplak como protagonista, junto a su par la magistrada Analía Viganó. Es que Kreplak rechazó un pedido que le solicitaba limitar su accionar en la investigación y ahora se dispone a avanzar en la misma y en la devolución del gremio a manos de sus afiliados.
La decisión el juez platense implica sortear uno de los últimos obstáculos que puso el detenido sindicalista empresario Marcelo Balcedo para intentar salir ileso del proceso y volver a recuperar la organización sindical.
Balcedo está detenido y acusado de lavado de activos, contrabando y tráfico de armas. El ex titular del gremio de minoridad a partir de la intervención de la jueza nacional del Trabajo, Viganó (esposa del líder de los judiciales Julio Piumato), intentó generar mejores condiciones en la causa y detener el proceso electoral que le devolverá el sindicato a sus afiliados.
En ese marco, el 11 de julio, la magistrada le solicitó a Kreplak que «limite su accionar a la investigación sobre los delitos tipificados» contra el gremialista y que «se inhiba de resolver o adoptar medidas sobre cuestiones institucionales» del sindicato en cuestión.
Sin embargo, el titular del Juzgado Criminal y Correccional 3 de La Plata resolvió rechazar el requerimiento, afirmar la competencia en la intervención judicial, elevar la situación a la Corte Suprema de la Nación a «fin de que establezca el mejor criterio para el caso», y continuar con la instrucción.
A su vez, otro antecedente en donde se cruzaron ambos, fue el 18 de julio cuando la jueza había solicitado suspender las elecciones convocadas por el Cuerpo Colegiado de Intervención Judicial del Soeme, designado por el propio Kreplak, pero la Junta Electoral ratificó el proceso que terminará antes de fin de año con la nueva conducción al mando del sindicato.
En tanto, el fiscal platense Álvaro Garganta desestimó el pedido de una afiliada del gremio para impedir que la justicia continúe con el proceso de normalización. El funcionario judicial consideró que la denuncia debía ser desestimada, toda vez que, consideró, no hay «elementos de prueba que permiten acreditar la existencia del hecho que diera motivo a la presentación del legajo».