Los trabajadores irregularmente despedidos de los Laboratorios Craveri fueron convocados por la Diputada Vanesa Siley el 2 de julio pasado para presentar su caso ante la Comisión del Congreso de la Nación que aborda asuntos laborales. Se trata de una escandalosa zaga de vulneración de derechos laborales y sindicales, represión, denuncias falaces y criminalización de la protesta que recién ahora encuentra un alto en la Cámara de Diputados.
La caída de Craveri empieza en julio de 2018, cuando la empresa presentó un preventivo de crisis con la intención de echar a 68 empleados pero no prosperó. Aún así, el 29 de marzo siguiente más de 40 trabajadores, incluidos delegados y en su mayoría mujeres, se enteraron que estaban ilegalmente despedidos cuando intentaron ingresar a la planta a trabajar y personal de vigilancia los retuvo según aparecía su nombre en un listado. La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina de Buenos Aires los apoya.
El 3 de abril, al intentar reclamar por los despidos, Craveri convoca a la Policía de la Ciudad, que ilegalmente irrumpe en la asamblea y se lleva detenidos a cinco delegados de la comisión interna, logrando un atropello mayúsculo. Mientras tanto, la empresa avisaba que pensaba pagar el 50% de la indemnización.
El 6 de junio hubo otra detención durante una asamblea en la puerta del establecimiento que la empresa tiene en Villa del Parque. El 10 de junio se llevaron detenidos a otros dos trabajadores que sostenían un acampe en la puerta del mismo emplazamiento. El 30 de julio los trabajadores tuvieron una victoria legal y la Justicia obligó a la empresa a reincorporar a los delegados de la comisión interna, pero la lucha por los restantes sigue.
Ayer un delegado de la empresa notificó a InfoGremiales que ahora también cuentan con el apoyo del Congreso de la Nación, tras la aprobación por unanimidad de un proyecto presentado por Unidad Ciudadana que, en términos formales, expresa preocupación en estos términos contundentes: «Las resoluciones de los conflictos colectivos vinculados a despidos, no pueden ser abordadas desde el punto de vista del derecho penal y punitivo, que tiene por objeto criminalizar la protesta social, toda vez que, por un conflicto en un lugar de trabajo, interviene una fiscalía contravencional, a partir de la radicación de denuncias por falsas infracciones al Código Contravencional.»
La resolución favorable de este conflicto puede ser un antecedente que presione a los empresarios a hacer los máximos esfuerzos para que sus pérdidas no sean absorbidas por los trabajadores.
<blockquote class=»twitter-tweet»><p lang=»es» dir=»ltr»><a href=»https://twitter.com/hashtag/ADELANTO?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw»>#ADELANTO</a><br>La Comisión Interna de las y los Trabajadores de Laboratorios <a href=»https://twitter.com/hashtag/Craveri?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw»>#Craveri</a> compartió una buena noticia: tienen el apoyo del Congreso ? <a href=»https://t.co/bSLKWDyHio»>pic.twitter.com/bSLKWDyHio</a></p>— Info Gremiales (@InfoGremiales) <a href=»https://twitter.com/InfoGremiales/status/1166721065982287872?ref_src=twsrc%5Etfw»>August 28, 2019</a></blockquote> <script async src=»https://platform.twitter.com/widgets.js» charset=»utf-8″></script>