«La UTE se mantuvo en la postura de no reincorporar al personal de vigilancia privada, y continuar con los adicionales de la Policía, son 60 familias que quedan en la calle, así que decidimos volver a los cortes en los accesos a las represas», dijo a Télam Maximiliano Zapata, secretario de Interior de la Unión Personal de la Seguridad Privada y Afines de la Patagonia Austral (U.P.S.A.P).
El dirigente informó sobre las medidas al término de una audiencia en el Ministerio de Trabajo de Santa Cruz, y luego de dos días sin resultados en las negociaciones, por las que habían suspendido medidas iniciadas el miércoles pasado.
La Unión Transitoria de Empresas (UTE) Represas Patagonia informó a través de un comunicado que «el contrato que se inició en el comienzo del proyecto con la empresa de seguridad privada Fortaleza finalizó el 15 de agosto y se cumplieron todas sus cláusulas».
Agregó que «se informó de la finalización del mismo con la antelación correspondiente».
Luego de un proceso de convocatoria y análisis de propuestas de «servicios adecuados» iniciado en los primeros meses del año, «se firmó un convenio con la Policía de la provincia para contar con sus servicios de adicionales que garantizan la seguridad plena del proyecto».
Aclaró que «el servicio de la policía en las instalaciones de Represas lo realiza bajo el régimen de adicionales, que no disminuyen agentes para el servicio de la ciudadanía».
«La UTE abona correspondientemente ese servicio a la institución y sus agentes». concluyó.